La tasa al azúcar en Cataluña amarga al sector agroalimentario

Mantener hábitos saludables no es una característica de la sociedad española. El sobrepeso en España es uno de los problemas a combatir, no en vano es el segundo país de Europa con mayor obesidad y uno de los que más crece en este apartado en el viejo continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS), además, alertó este mes de que habrá casi cuatro millones de enfermos de diabetes en 2030 en España. Este mismo organismo recomendó a los países establecer un impuesto sobre las bebidas azucaradas como medida para luchar contra la mala alimentación. El actual Gobierno de Mariano Rajoy ya estuvo cerca de imponer la tasa, pero finalmente el Consejo de Ministros la retiró. Sin embargo, Cataluña siguió adelante con el tributo, que se terminó aprobando el pasado mes de marzo.

El sector de la cadena agroalimentaria no acogió con buena cara el nuevo gravamen catalán y espera que el Gobierno de Rajoy logre echar abajo la medida presentando un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). El incremento del precio que impone el tributo lo deben abonar los operadores logísticos de las empresas que se encargan de distribuir el producto a supermercados y bares, aunque luego será el consumidor final quien lo notará en su bolsillo a la hora de adquirirlo. La tasa se aplica tanto a refrescos como a zumos y néctares, sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o leche endulzadas y aguas de sabores. El incremento del precio de la bebida depende de la cantidad de azúcar añadido que contenga: desde los 8 céntimos para aquéllas que dispongan entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 ml, hasta los 12 céntimos para las que superen la cantidad anterior.

Por ello, fabricantes, distribuidores, hosteleros, el sector del gran consumo, organizaciones agrarias cooperativas agroalimentarias y entidades representantes de la industria se han unido para combatir el impuesto. El presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB),Mauricio García, recrimina a la Generalitat esta tasa: «Tendrá un impacto muy negativo para el sector, ya que se trata de una medida muy discriminatoria y con un afán recaudatorio». El Gobierno catalán confía generar unos 40 millones de euros en ingresos este año y llegar a los 70 millones a partir de 2018, números que apoyan la tesis de García, que recalca que «no creemos que la fiscalidad sea la estrategia adecuada para cambiar los hábitos de vida de una sociedad moderna y avanzada como la nuestra». Además, incide en que «ningún alimento es bueno o malo por sí mismo, sino que sus posibles efectos perjudiciales parten de un consumo inapropiado. El problema está en las dietas y en los modelos de vida».

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, coincide en que el sector productor está en contra de esta medida que influirá de forma «negativa» en el sector remolachero español, que encara un año crucial con el fin de las cuotas. «¿Quién dice que mañana no se grava la leche, el yogurt o la carne? Quien ha parido este impuesto no conoce el sector agroalimentario, porque es una aberración y una barbaridad». Del mismo modo, el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES),Aurelio del Pino, matiza que el impuesto «genera distorsiones en las empresas de distribución cuando nuestro Estado funciona con unos criterios de unidad empresarial», y advierte que este tipo de medidas puede fomentar la deslocalización de aquellas empresas afectadas que se encuentren situadas en Cataluña.

Desde el sector mantienen que el impacto económico que sufrirán será muy perjudicial, a pesar de la dificultad de calcularlo con cifras exactas. «Tenemos un coste incremental de la tramitación administrativa y un coste incremental respecto al consumidor que repercutirán muy negativamente», expone García. También se apoyan en la experiencia de otros países donde «se ha puesto en marcha y se ha retirado por el impacto negativo en cuanto al empleo y a la producción». Sin embargo, sólo en Dinamarca sucedió tal circunstancia. El tributo estuvo vigente en el país nórdico durante quince meses, periodo de tiempo en el que apenas un 7% de la población cambió la rutina de alimentación mientras que se perdieron por el camino 1.300 puestos de trabajo. En otros países como Francia, donde se pagan 7,53 céntimos por litro desde el año 2012, sí ha tenido efectos positivos. Otro país que experimentó de forma beneficiosa el incremento de la tasa al azúcar fue México, cuya población redujo el 12% el consumo de las bebidas azucaradas. El próximo país que se sumará a la subida del azúcar será Reino Unido, que está previsto que lo implante en 2018.

Petición a Rajoy

El sector, apoyado en un informe jurídico realizado por el despacho de abogados Uría Menéndez, insta a Rajoy a que ponga en marcha todos los dispositivos pertinentes para parar el impuesto. Piden al Ejecutivo que presente un recurso de inconstitucionalidad al TC. «No sólo es un problema de los eslabones de la cadena alimentaria, es un problema de Estado», justifica Del Pino. Las entidades firmantes trasladaron su punto de vista y sus inquietudes al Gobierno, que será quien tome la última decisión después de estudiar la propuesta.

Una respuesta que debe ser inminente, ya que las leyes de las Comunidades Autónomas pueden ser recurridas por el Gobierno central al TC en un plazo de tres meses desde su fecha de publicación. Como la tasa fue aprobada el pasado 30 de marzo, el Ejecutivo tiene hasta el próximo día 30 de junio para presentar el recurso ante el tribunal. Pasado el plazo, otra vía es que el presidente convoque una Comisión Bilateral con Cataluña para que dé marcha atrás a la ley.

El sector agroalimentario confía en que al igual que se retiró la propuesta de ley estatal, se logre también tumbar la de la Generalitat. Aun así, si el Ejecutivo no responde ante las presiones ejercidas, no descartan tomar otras vías legales, aunque «esperamos tener éxito en esta primera medida y no tener que ir más allá», expresa García. A pesar de que el principal objetivo por parte del sector de la cadena agroalimentaria sea derogar la ley, con su actuación también pretenden que la decisión de Cataluña no contagie a otras Comunidades Autónomas, como pasa con la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias, cuyos Gobiernos tantean aprobar leyes similares.

¿Cuánta azúcar se debe tomar al día?

La cantidad de azúcar que contienen los productos se ha mirado con lupa y ha alertado a la sociedad. Alimentos aparentemente sanos llevaban añadida una gran cantidad del edulcorante más consumido del mundo, lo que ha provocado polémica. Pero, ¿cuál es la cantidad de azúcar recomendada en nuestra dieta? Desde la Organización Mundial de la Salud aconsejan que la ingesta de azúcar no supere los 25 gramos al día, es decir, el 10% de las calorías totales recomendadas.