Economía

Los sindicatos reclaman una ley para vincular el salario de los funcionarios a la inflación

UGT y CC.OO han iniciado una ronda de reuniones con los principales partidos políticos, comenzando este lunes con Unidos Podemos y Ciudadanos

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (d), y de UGT, Pepe Álvarez (i)
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (d), y de UGT, Pepe Álvarez (i) - EFE
EUROPA PRESS Madrid - Actualizado: Guardado en:

Comisiones Obreras y UGT han reclamado este lunes en el Congreso una ley para revalorizar el salario de los empleados públicos, actualizar la normativa laboral a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los empleados interinos y recuperar la negociación colectiva.

Concretamente, los sindicatos quieren plasmar por ley la equiparación de las indemnizaciones entre trabajadores temporales e indefinidos en el sector público, así como la revalorización anual de los salarios en este sector al menos al mismo ritmo que la inflación. También la "reactivación" de la negociación colectiva, un derecho que, han denunciado, les fue "arrebatado" en la última reforma laboral de 2012.

Para ello, han iniciado una ronda de reuniones con los principales partidos políticos, comenzando este lunes con Unidos Podemos y Ciudadanos. Antes del encuentro con la confluencia de izquierdas, sus portavoces Íñigo Errejón (Podemos) y Alberto Garzón (IU) han anunciado que impulsarán la proposición de ley para llevar al Congreso las reivindicaciones de los sindicatos.

"No cabe ningún recorte más en los servicios, ni en la administración pública", ha dicho Errejón, para el que la protección de los derechos laborales en el sector público "no es solo una cuestión de justicia, sino también de eficacia económica". "Una salida de la crisis duradera, sostenible y justa solo se hace aumentando y protegiendo los salarios para que pueda crecer el consumo", ha explicado.

Por su parte, Garzón ha criticado que "la gestión de la crisis ha consistido en transferir el dinero de abajo hacia arriba, desde los trabajadores a las grandes fortunas", una "pauta dominante y desastrosa" que han comprometido cambiar, y que desde ese convencimiento apoyarán esta iniciativa.

El dirigente de Izquierda Unida ha querido hacer hincapié en las posibilidades que tiene esta medida de salir adelante, ya que el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta, ni tampoco sumando a "su comodín" como se ha referido a Ciudadanos. "Hay objetivamente una oportunidad de recuperar derechos laborales perdidos", ha dicho Garzón, que ha pedido el apoyo del PSOE para hacer valer esa "aritmética parlamentaria" con la que poder revertir las políticas económicas del PP.

«Abordaje» del empleo público

"Es el momento de demostrar si es cierto que el Parlamento es capaz de tomar decisiones que repongan derechos de los trabajadores", ha manifestado en este mismo sentido el secretario general de la Federación de los Servicios de la Ciudadanía de CCOO, Javier Jiménez.

El responsable de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, ha informado que intentarán recabar el apoyo de los diferentes grupos políticos para reclamar la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones públicas para poder negociar en este marco todas estas reivindicaciones.

"No cabe más demora para afrontar la equiparación de las indemnizaciones y el abordaje sin paliativos del empleo público para que en sectores como la Educación y la Sanidad la carencia de estabilidad esté afectando de forma tan sensible a estos trabajadores", ha reiterado.

Ambos representantes sindicales han señalado que, sea del modo que sea, esperan que la revalorización de los sueldos de los empleados públicos se produzca de manera consensuada con los sindicatos y no de manera discrecional por parte del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

Esa será, a juicio de Lacuerda, "la prueba del algodón" para comprobar si el Gobierno de Mariano Rajoy tiene intenciones más dialogantes en esta investidura. Jiménez, por su parte, ha reclamado que los trabajadores de la administración no vuelvan a perder adquisitivo. "Eso va exclusivamente en detrimento de la calidad de los servicios públicos, y no hay una democracia de calidad si no hay unos servicios públicos de calidad", ha remachado.

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