Artur Mas en un mitin Democràcia i Llibertat (DiL)
Artur Mas en un mitin Democràcia i Llibertat (DiL) - EFE

El sector de la consultoría reclama a Cataluña una deuda de 330 millones de euros

La industria ha reclamado al Gobierno que incluya sus servicios en los financiables a través del FLA

Madrid Actualizado: Guardar
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El Sector de la Consultoría, representado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y la Asociación Catalana de Empresas Consultoras (ACEC) denunció este lunes que la Generalitat de Cataluña le adeuda más de 330 millones de euros, una cantidad que supone un gran quebranto para las empresas consultoras, prestatarias del Servicio TIC a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a través de los contratos con la Empresa pública CTTI.

En un comunicado, estas patronales explican que el problema al que se enfrentan las empresas consultoras es que los servicios de consultoría TIC que prestan al Gobierno de la Generalitat de Catalunya no están incluidos en las partidas prioritarias previstas para el pago a través del Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, con el grave perjuicio económico que esto representa y el riesgo de interrupción de la prestación del servicio por el impago de elevadas cantidades por cuenta del Gobierno de la Generalitat.

Por ello, la AEC y la ACEC reclaman, a quien posea las competencias necesarias, que realice las gestiones oportunas para que se incluya, de forma urgente, el pago de estas facturas entre las partidas prioritarias a fin de evitar, en interés del propio servicio y de los ciudadanos, una situación de bloqueo no deseada por las empresas consultoras representadas.

«La prolongación de esta situación, tanto por el elevado importe impagado como por el impacto gravísimo en el correcto funcionamiento de los servicios públicos de Cataluña, puede poner en riesgo la prestación de los servicios fundamentales a los ciudadanos, por lo que es necesario la búsqueda de soluciones en el corto plazo», advierten.

En la misma línea, defienden que «los Servicios TIC que prestan las empresas consultoras implantadas en Cataluña deberían ser considerados como un servicio básico y por tanto deberían estar incluidos entre las partidas que se consideran prioritarias».

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