La decana de los Resgistradores, en su despacho de Madrid
La decana de los Resgistradores, en su despacho de Madrid - JOSÉ RAMÓN LADRA

«El regreso de las empresas a Cataluña es cada vez más difícil»

Entrevista con María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores

MADRIDActualizado:

Con su estadística sobre los cambios de sede social producidos los últimos meses, el Colegio de Registradores de la Propiedad se ha convertido en una referencia para señalar el impacto del secesionismo. Según sus cálculos, más de 3.000 empresas han salido de Cataluña desde el 1-O. María Emilia Adán, que se convirtió hace escasas semanas en la primera decana del organismo, va más allá de estas cifras y advierte: la crisis política puede suponer un lastre para el crecimiento.

—¿Ha pasado ya lo peor de la fuga empresarial de Cataluña?

—Es difícil hacer una previsión, ya que los futuros cambios de sede dependerán de la estabilidad jurídica de Cataluña. Cuanto más tarde en instaurarse de nuevo, más difícil será que vuelvan las empresas. La vida económica de un país se mide por su seguridad jurídica y los inversores quieren tener la certeza de que los instrumentos que están a su disposición van a permanecer. Eso sí, quiero dejar claro que los registradores deploramos que se hayan producido estos traslados.

—¿Ha quedado afectada la imagen internacional de España por la inestabilidad política de Cataluña?

— En principio, el resto de comunidades están siendo las receptoras de estas empresas, por lo que no tendría que repercutir esta situación a nivel nacional. Sin embargo, creo que ninguna comunidad le gusta ganar empresas por una crisis de este tipo. Está en manos de Cataluña volver a situarse como punta de lanza de las inversiones. Para ello deben recobrar la estabilidad.

—El sector inmobiliario ha despuntado en 2017 con crecimientos de dos dígitos. ¿Qué previsiones tienen para 2018?

— El Índice Registral de Actividad Inmobiliario (IRAI), elaborado por el Colegio de Registradores, nos aporta cierta visión de la situación inmobiliaria. Los datos del tercer trimestre de 2017 reflejaron un crecimiento interanual del 15,6% en esta actividad. La previsión de crecimiento para 2018 se sitúa en el entorno del 20%. Superar este registro dependerá de la incidencia de la crisis catalana, que puede lastrar dos o tres puntos este aumento.

—¿Por qué la recuperación del sector se está produciendo a dos velocidades?

—Hay que tener en cuenta que algunas regiones están recibiendo mucha inversión, tanto extranjera como nacional, por el impacto del sector turístico. De hecho, el número de transmisiones por persona son notablemente más altas en las regiones con mayor actividad turística. Para homogeneizar el sector antes habría que homogeneizar el crecimiento económico.

— Los registradores detectaron 140 posibles casos de blanqueo de capitales entre enero y octubre del año pasado. ¿Está España combatiendo correctamente estas prácticas?

—Existe un esfuerzo por intentar transponer determinadas directivas europeas al ámbito nacional. Los registradores consideramos que la más importante de ellas será la incorporación de las transmisiones de las participaciones sociales en el registro mercantil, como ya se produce en países como Alemania, Francia o Inglaterra. Cualquier persona que tenga un interés legítimo y con la debida protección del titular debe poder conocer quién está detrás de estas operaciones. Esto permite dar transparencia al proceso, que al fin y al cabo es lo que hacemos los registradores.

— ¿Qué impacto puede tener en la actividad de los registradores el auge de tecnologías como el blockchain, en la que se sustenta el bitcoin?

—Debemos adaptar las nuevas tecnologías a nuestra labor, pero no al revés. La cadena de bloques es una de las innovaciones que hay que analizar para determinar cómo puede ser útil a una institución como la nuestra. Hay que tener en cuenta que tiene determinados inconvenientes, como que no realiza el trabajo de calificación que desempeña el registrador en las tranmisiones. Se centra exclusivamente en el enlace tecnológico de una transmisión, pero no ayuda a determinar si ese enlace está bien hecho desde un punto de vista jurídico. Este no es un proceso automático, sino que requiere de un análisis completo.