Las regiones deben reducir su deuda en 66.000 millones para volver al mercado

Hacienda, a instancias de la Comunidad Valenciana, tiene sobre la mesa una propuesta de quitas en dos tramos: uno general y otro solo para autonomías infrafinanciadas

MADRIDActualizado:

El Gobierno central se ha convertido en el principal acreedor de las comunidades autónomas, al tener en sus manos el 56% de la deuda regional. En concreto 159.526 millones de euros, un 13,7% del PIB, hasta el pasado mes de septiembre que este año continuará creciendo. Ante esta montaña de pasivo, el Ministerio de Hacienda estudia una reestructuración de deuda de forma general, que beneficie a todas las regiones de régimen común que de una manera u otra se han beneficiado de estos mecanismos, pero que además atienda la situación específica de aquellas comunidades infrafinanciadas. Sobre la mesa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está la propuesta de Comunidad Valenciana, que se ajusta a esta filosofía: un perdón en dos tramos, uno general y otro solo para las regiones que recibieron menos recursos que la media desde 2002.

¿Cuáles son estas regiones? Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha, que se beneficiarían de quitas conjuntas de 31.495 millones por su infrafinanciación específica, calcula el economista Francisco Pérez, experto de la Comunidad Valenciana en el grupo de «sabios» que aborda el modelo de financiación.

Junto a ello, el tramo general sería un mismo porcentaje igual de condonación a todas las comunidades a decidir sobre los 191.000 millones de infrafinanciación común para pagar los servicios públicos que, calcula Pérez, se ha producido desde 2009, cuando se aprobó el actual modelo de financiación. La Comunidad Valenciana defiende una quita «a la alemana», recordando que Berlín ha aprobado compensaciones para reducir su deuda a determinados länder en situación extrema, recoge el segundo informe de la comisión de expertos nombrada por las Cortes Valencianas. Las quitas propuestas por el Gobierno de Ximo Puig solo para la comunidad suponen 20.245 millones.

¿A cuánto ascienden las de las demás? Dependerá de la decisión política que se adopte. Pérez incluyó estos cálculos en su voto particular a la propuesta de un nuevo modelo de financiación que hizo el grupo de expertos en verano. El comité no pidió quitas, ante la división que había entre los «sabios», pero sí una reestructuración en el tiempo.

La meta del Ministerio es contar con un nuevo modelo de financiación autonómica para antes de las elecciones regionales de mayo de 2019, y defiende que con la recaudación creciendo se puede abordar el cambio de modelo, lo que en 2014 se obvió por la falta de ingresos de las arcas. Con quitas o sin ellas, la deuda pública seguiría siendo la misma pero cambiaría de cajón: de las regiones al Estado.

Hay un tercer factor que Comunidad Valenciana pide que se tenga en cuenta en las quitas: la cantidad de deuda que deben reducir las comunidades para volver a financiarse por sí solas en los mercados, y así dejar de depender del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Facilidad Financiera, que este año desplegará solo en el primer trimestre de este año 12.152 millones para las autonomías.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llamó hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados a ir retirando estos mecanismos, ya que suponen un incentivo perverso para las comunidades incumplidoras, algo que ya han denunciado la Airef o Bruselas. Estos mecanismos se pusieron en marcha en 2012 de forma extraordinaria porque la mayor parte de las comunidades tenían los mercados cerrados, en el peor momento de la crisis del euro. Sin embargo, la liquidez a bajo coste del Estado se ha convertido en algo estructural.

La agencia de rating Standard and Poor’s calcula que las comunidades necesitan una ratio de deuda/ingresos corrientes menor al 180% para poder acceder a los mercados. Si se toma este baremo, las comunidades deberían recortar su deuda en 65.867 millones para financiarse por su cuenta.

Cataluña debería reducir su deuda en 34.015 millones, Comunidad Valenciana en 21.587, Castilla-La Mancha en 4.027 millones y Baleares en 3.016. Curiosamente, Madrid debería reducir su deuda en 1.258 millones con este baremo, si bien la región es de las pocas que ha emitido deuda por su cuenta en 2017, junto al País Vasco y a Castilla y León. Murcia debe recortarla en 1.442 millones y Aragón, en 522. El resto de comunidades podrían salir ya a financiarse por su cuenta.

La posibilidad de quitas divide a los barones. Ese es el caso de Galicia, que se opone. Andalucía, Asturias, Extremadura o Castilla y León defienden una solución que sea general para todas las regiones y no genere agravios. Comunidad Valenciana, Baleares o Cataluña defienden las quitas y arguyen que al haber estado infrafinanciadas, estas regiones han acudido más a los mecanismos de liquidez para poder prestar los servicios públicos en los últimos años. Una infrafinanciación que ha llevado al endeudamiento que también reconocen en Hacienda.

Recurso al FLA

Precisamente, la región con menor financiación por habitante, según las balanzas fiscales, es la que más ha acudido al FLA: Comunidad Valenciana. El Estado tiene el 80,6% de su deuda pública, 35.827 millones (un 34,2% de su PIB). En términos absolutos la supera Cataluña, con un 69% de la deuda contraída con el Gobierno Central, 53.005 millones (un 24,8% del PIB). Le siguen Murcia (6.777 millones, un 78,8% de su deuda), Andalucía, con 24.263 millones (un 72% de la deuda total) y Castilla-La Mancha (10.273 millones, un 71,8% de todo su pasivo).

Comunidad Valenciana (con 2.178 euros por persona, Murcia (2.236), Andalucía (2.272), Madrid (2.308) y Cataluña (2.312) serían las comunidades con una menor financiación por habitante que la media (2.354 euros). Según Pérez, en % del PIB, Comunidad Valenciana (25,8% del PIB de infrafinanciación) y Andalucía (24,2%) son las más perjudicadas por el modelo actual.