El PSOE lleva al Congreso una ley para ampliar el bono social eléctrico al gas

El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa legislativa para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas.

De esta forma, los socialistas confían en esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario.

«Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad», ha dicho la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que ha recordado que muchas CC.AA. y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. «El coste para el Gobierno es cero», ha zanjado.

Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados 'esenciales', para personas consideradas como personas 'vulnerables severos'.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque la diputada socialista ha señalado que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como 'vulnerables', pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Apoyo de la oposición

Lucio ha aclarado que no han dialogado previamente ni con el Gobierno ni con otros grupos para presentar la iniciativa, aunque le «consta que seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa». «Y el Gobierno no debería estar en contra. Estamos convirtiendo en ley unas recomendaciones de una directiva europea», ha aseverado.

Asimismo, la portavoz energética del PSOE ha reclamado al Ejecutivo que ponga en marcha medidas de eficiencia energética, para rehabilitar edificios y aprovechar mejor los recursos, y desarrollar un reglamento que incremente la transparencia y la información que tienen los consumidores por parte de las compañías energéticas.

En este sentido, ha denunciado que existe «una tendencia a la baja de consumidores de gas natural que tienen la tarifa de último recurso». «Esto significa que las compañías suministradoras no están dando una información transparente a sus clientes», ha concluido Lucio.