Privilegios fiscales de Panamá y posibles consecuencias para los españoles implicados

Hasta 200.000 empresas se han visto involucradas en la filtración de los «papeles de Panamá», una trama que involucra a líderes políticos, actores o futbolistas. Hacienda ya ha advertido que seguirá de cerca a los españoles incluidos en esta lista, aunque en principio tener cuentas o sociedades en el país no tiene por qué ser ilegal.

[En el siguiente mapa se muestran coloreados los países que se han visto salpicados por el escándalo de los «Papeles de Panamá»]

¿Qué es un paraíso fiscal?

Es un territorio con baja o nula fiscalidad y sin supervisión de las instituciones financieras. De esta forma se crean cuentas y sociedades que no tienen en cuenta los antecedentes de sus propietarios o administradores, a lo que se une que preservan absolutamente el secreto bancario: ni identifican a los clientes ni comunican las operaciones sospechosas, lo que facilita el blanqueo de capitales.

¿Panamá es un paraíso fiscal?

El país caribeño, antaño base de piratas y corsarios, entró en la lista negra de 48 paraísos fiscales que elaboró la OCDE en 2000, pero salió en 2011 al aumentar su transparencia fiscal. Algo parecido ocurrió con España. Panamá firmó entonces un acuerdo de intercambio de datos individuales con nuestro país y un convenio de doble imposición. Últimamente el país caribeño también salió de la «lista gris» elaborada por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), encargado de la lucha contra el blanqueo de capitales, debido a sus avances en este terreno.

«La mayoría de la documentación obtenida revela que las sociedades "offshore" están ubicadas en territorios como las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles,… que mantienen la consideración como paraísos fiscales y no en Panamá, con el que España ha firmado la cláusula de intercambio de información tributaria», señala Guillem Domingo, profesor de Economía de la Universidad Abierta de Cataluña.

¿Por qué hay tantas sociedades en el país?

Pese a la mayor transparencia, Panamá ofrece unos impuestos bajos, una ley flexible y continúa siendo un territorio con una elevada opacidad. «Constituir una sociedad «offshore» en un territorio calificado como paraíso fiscal o de baja tributación es muy fácil. Muchos despachos de abogados ubicados en estos territorios son especialistas en la constitución y mantenimiento de estas estructuras. El coste económico de dichas estructuras es irrisorio con los beneficios que se consiguen con el uso de dichas sociedades offshore. Las sociedades « offshore» son sociedades ubicadas en territorios calificados como paraísos fiscales. En general no realizan una actividad económica real. Junto a esta fiscalidad favorable, los territorios offshore se han caracterizado por amparar la confidencialidad de la información de sus clientes, ya sea mediante el uso de testaferros o de sociedades con títulos al portador. », considera Domingo.

¿Es ilegal tener cuentas o sociedades en Panamá?

No, el fraude se produce si no se declaran a Hacienda los bienes en el país y se evita así el pago de los impuestos correspondientes.

¿Qué puede hacer el Fisco?

Hacienda analiza ya la información que tiene de declaraciones de bienes en el exterior y la está comparando con lo publicado en los «papeles de Panamá» para comprobar si coincide y los posibles «vínculos» de los implicados con terceros. «Además el Fisco debe comprobar la veracidad de la información publicada», apostilla Guillem Domingo. El acuerdo firmado con Panamá no contempla el intercambio masivo de datos: Hacienda solo puede requerir información de un contribuyente si estuviera justificado. El país puede negarse a colaborar esgrimiendo la ilegalidad de las pruebas obtenidas.

¿Y si Hacienda encuentra fraude?

Incumplir la obligación de declarar bienes en el exterior puede conllevar sanciones de hasta un 150% de la cuota ocultada. Si esta es superior a 120.000 euros se produce un delito fiscal, que puede tener responsabilidades penales para el implicado. Asimismo, la Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias a los titulares o beneficiarios de las sociedades «offshore» para estudiar si hay indicios de delito de blanqueo de capitales.