Luis María Linde, gobernador del Banco de España
Luis María Linde, gobernador del Banco de España - ABC

La política crediticia de los bancos será también responsabilidad del consejo

La circular contable del Banco de España obliga al órgano a responder por la aprobación de los criterios de riesgo

MADRID Actualizado: Guardar
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El Banco Central Europeo (BCE) no solo va a mirar con lupa los niveles de liquidez y solvencia de las entidades financieras en su nuevo papel de vigilante del sector. Dos de los pilares del esquema supervisor puesto en marcha por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) son el modelo de negocio y el régimen de gobernanza de los bancos. En esa línea, el Banco de España ha decidido reforzar el gobierno corporativo de las entidades vinculando la responsabilidad de los consejos de administración a las políticas crediticias de cada banco, tanto en lo que se refiere a los criterios de concesión de financiación como en el cálculo de las coberturas frente a futuras pérdidas.

Es decir, los consejeros tendrán que aprobar los criterios de gestión del riesgo de crédito de su banco, sobre todo en lo referente a las provisiones, y deberán hacer una evaluación, seguimiento y corrección de los mismos en caso necesario.

Así consta en la reforma del anejo IX de la circular contable 4/2004, aprobada el pasado mes de mayo por el organismo dirigido por Luis María Linde y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.

«Las políticas para la gestión del riesgo de crédito deberán ser aprobadas por el consejo de administración, u órgano equivalente, que se encargará de su revisión periódica», resume el supervisor bancario nacional en el texto legal. Lo que persigue el regulador es que, a diferencia de lo que sucede hoy en día, los consejeros tengan un papel mucho más activo en el diseño del apetito de riesgo de la entidad y en la elaboración y revisión de las metodologías y los criterios de cálculo de las coberturas, competencias que ahora mismo recaen sobre todo en los equipos directivos, según explican fuentes del sector.

Las políticas, por escrito

Uno de los grandes cambios es que el órgano de máxima dirección deberá poner por escrito y aprobar esas políticas, detallando la información que usa para evaluar las operaciones de financiación, los parámetros empleados para estimar las provisiones, con qué procesos internos cuenta el banco para revisar esas coberturas y la periodicidad con la que se van a revisar.

El consejo, detalla la norma, deberá «tener un conocimiento actualizado de la información relevante sobre el riesgo asumido por la entidad» y deberá velar por que las citadas metodologías y procedimientos sean adecuados. Estos tendrán en cuenta aspectos como los criterios para la concesión de créditos –mercados, productos, tipo de clientela, monedas, plazos y requisitos exigibles a los titulares– y el proceso de fijación de precios de los créditos, es decir, el tipo de interés al que la entidad financia a sus clientes.

«La política de precios deberá estar orientada a cubrir, al menos, los costes de financiación, de estructura y de riesgo de crédito inherente a cada clase de operación», señala el organismo, que con esta circular ha pasado además a penalizar a aquellas entidades que concedan préstamos incluso a pérdidas, práctica que algunos bancos españoles estarían llevando a cabo en la actualidad para tratar de mejorar su margen de negocio.

Otro gran cambio es que el consejo de administración tendrá que dejar también aprobada de su puño y letra la política de valoración de las garantías reales de los créditos que concede. En este sentido, el Banco de España exigirá a los consejeros que definan también la frecuencia y el mecanismo por el que verificarán una posible devaluación de esas garantías, y tendrán igualmente que justificar los criterios con los que han seleccionado a las compañías encargadas de hacer esas valoraciones.

Los distintos órganos de control interno de cada entidad revisarán todas esas metodologías y procedimientos e informarán periódicamente sobre ello al consejo de administración, por tanto último responsable. La cúpula del grupo, por su parte, comunicará anualmente al Banco de España las medidas correctivas adoptadas.

«El consejo no puede ser ajeno ni a la definición ni al seguimiento de los procesos. Tiene que ver con vincular la responsabilidad de gobierno corporativo con la política de inversión crediticia», explicaron fuentes del Banco de España al aprobar la mencionada circular.

Este paso del supervisor nacional está de hecho en consonancia con las preocupaciones del MUS. El organismo presidido por Danièle Nouy está centrando buena parte de sus esfuerzos supervisores en reforzar el modelo de gobierno corporativo de los bancos de la Eurozona y acercarlo a las prácticas anglosajonas, mucho más avanzadas en este sentido.

Reforzar la gobernanza

Cabe recordar que el BCE examina el modelo de negocio de las entidades –por ejemplo, la política de tipos de interés de los créditos y de remuneración de los depósitos que aplican y los criterios de concesión de préstamos– para evitar que una política comercial excesivamente agresiva acabe dañando la rentabilidad de una entidad.

Además, el supervisor europeo quiere elevar el nivel de debate entre los miembros del consejo y otros órganos de gobierno, de forma que los temas se discutan suficientemente y los consejeros maticen y cuestionan las propuestas y la gestión del presidente y el consejero delegado de la entidad y no sean meros invi0tados de piedra.

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