Entrada principal a la sede del Banco Monte dei Paschi en Siena
Entrada principal a la sede del Banco Monte dei Paschi en Siena - REUTERS

Las piezas por encajar del mecanismo de resolución bancaria

La intervención del Popular generó un mar de dudas sobre el primer eslabón de la Unión Bancaria

CORRESPONSAL EN BRUSELASActualizado:

Los responsables europeos se han declarado satisfechos en reiteradas ocasiones por la creación de la Junta Unica de Resolución (SRB en inglés) como una pieza clave de la unión bancaria y un elemento esencial de la construcción de la arquitectura institucional de la zona euro. El problema es que la primera intervención histórica de la junta, la resolución del Banco Popular, ha desembocado en un mar de dudas y con una ofensiva de querellas contra la institución que a medio plazo van a someter a un debate de gran profundidad su reglamento y la gestión efectiva de sus responsables. Más de medio centenar de querellas han llegado al Tribunal Europeo de Luxemburgo, cuyos integrantes deberán valorar las decisiones tomadas en un maratón nocturno desde Madrid a Bruselas, pasando por el FROB y la propia SRB, para ventilar una responsabilidad que en cifras supera los 4.000 millones de euros. La conferencia que la institución celebra el viernes 29 de septiembre se prevé como una reflexión abierta para analizar los defectos de una operación que va a marcar su imagen inevitablemente. Los expertos esperan que de esta conferencia se deduzcan directrices más claras sobre la gestión de la resolución de un banco, de manera que su mera mención no produzca una fuga masiva de capitales, como ocurrió con el caso del Popular.

Después de las dudas con la intervención del Popular, el segundo mazazo a la reputación de la junta se produjo poco después, cuando la Comisión autorizó a primeros de junio el rescate con dinero público del italiano Monte dei Paschi di Siena para permitir «una recapitalización preventiva», en lugar de llevarlo a las fauces del SRB. La legendaria habilidad de los dirigentes italianos para manipular la política europea tuvo mucho que ver en aquella decisión, aunque otras versiones atribuyeron esta diferencia de criterio al hecho de que los efectos sistémicos de la quiebra del Monte dei Paschi podrían haber tenido efectos devastadores para toda la economía del país y de rebote para la zona euro. De hecho, uno de los indicios que permite entrever que no todo es tan sólido como pretende la versión oficial fue la dimisión inesperada en agosto de Joanne Kellerman, uno de los seis miembros de la Junta y responsable del departamento de Planificación y Decisiones de Resolución. Y casualmente responsable de la supervisión de los bancos italianos.

La decisión de esta ejecutiva holandesa de abandonar la institución hubiera caído como un jarro de agua fría si no hubiera sido tan discreta –en plenas vacaciones– lo que no evitó que se abriese la puerta a todo tipo de especulaciones, la primera de ellas la que permite contrastar su modo de actuar con el de la responsable del SRB, la alemana Elke König, a la que se ha acusado de indiscreción en el caso del Popular. Y para colmo de sospechas, Kellerman se ocupaba precisamente de los bancos italianos y alemanes.

Dimisión inesperada

La inesperada dimisión se produce dos meses después de la intervención del Popular y la entrega al Santander por un euro, un hecho que ha devuelto toda la actualidad al organismo. Kellermann no ha dado las razones de su renuncia y en su comunicación se limitaba a destacar los logros de la institución en sus dos años de andadura, A efectos prácticos todavía no se ha consumado la dimisión, porque según los estatutos del SRB debe permanecer en su puesto hasta que no se nombre a un sustituto. Por tanto, la holandesa participará personalmente en el ejercicio de reflexion a finales de mes.

Tampoco puede ser casualidad que el SRB anunciase este verano que dispone ya de más de 17.000 millones de euros de fondos propios, recaudados a base de las cotizaciones de los propios bancos e instituciones financieras de la zona euro, con los que podría hacer frente a cualquier eventual indemnización requerida en el caso de las futuras decisiones de la justicia. El problema, sin embargo, no es tanto la disposición de fondos para hacer frente a las más negativas eventualidades, sino el descrédito que supondría para la institución una desautorización tan dramática en el caso de su primera intervención en una crisis bancaria.