El Pacto de Toledo, sin recetas un año y medio después
Las protestas de los jubilados dejan en un segundo plano la reforma pendiente
Las protestas en las calles y los mensajes apocalípticos sobre el futuro de las pensiones han conseguido eclipsar la imperiosa necesidad de acometer reformas para un sistema que cerró el pasado año con un déficit de 18.800 millones de euros. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, siglas en las que están representados Podemos, En Marea y colectivos como los Yayoflautas están agitando, junto a UGT y CC.OO. , a los jubilados en las calles para pedir que los incrementos de las pensiones vuelvan a vincularse al IPC y, por tanto, sean superiores al 0,25%, el porcentaje de subida aplicado en los últimos cinco años.
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Y mientras las pensiones vuelven a la arena política, el Pacto de Toledo marca sus propios tiempos. El reloj del comienzo de los trabajos se puso en marcha en noviembre de 2016 y desde entonces sus señorías han escuchado las recetas de políticos, empresarios, sindicatos, autónomos y economistas sobre cómo debe ser la reforma que apuntale la sostenibilidad de las pensiones. Desde que comenzaron los trabajos de renovación de los acuerdos planeaban sobre la negociación varios escollos que hoy siguen entorpeciendo la negociación. El principal es el eje de la reforma: la separación de fuentes de financiación . Es decir, qué deben pagar las cotizaciones y qué los impuestos. Pero la presión de la protestas ha forzado que el Congreso analice una revisión del mecanismo de revalorización de las pensiones.
El poder adquisitivo de las pensiones enreda a la comisión del Congreso
La oposición en bloque pide ahora que las rentas de los jubilados vuelvan a indexarse a la inflación, una fórmula que se aplicó en los años noventa y que la reforma de 2013 sustituyó por el Índice de Revalorización que lleva aplicándose desde 2015 y liga la subidas de las nónimas a la salud de la Seguridad Social . En ejercicios anteriores la inflación interanual registrada en noviembre servía para ajustar el alza aplicada en enero con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. El coste generado por esas revalorizaciones, derivado de las desviaciones de la inflación respecto a las previsiones iniciales, provocó elevadas facturas adicionales para el sistema en el pasado, lo que provocó el cambio en el método de cálculo, desligado de los precios.
Pese a la escalada del gasto, los pensionistas son el colectivo más mimado en las nuevas cuentas, tras las protestas en las calles. Para más de seis millones de jubilados se trazó un alza mayor al 0,25% este año. De esta forma, las prestaciones de más de 6 millones de jubilados se elevarán entre un 1% y un 3% según su nivel de renta, lo que tendrá un coste para las cuentas de mil millones de euros. Para más de 2,8 millones de pensionistas el alza en sus nóminas será del 3%, porcentaje en el que ya se incluye el 0,25% aprobado con carácter general.
