El gobernador del Banco de España compareció la semana pasada en la comisión del Pacto de Toledo
El gobernador del Banco de España compareció la semana pasada en la comisión del Pacto de Toledo - EFE

El Pacto de Toledo recomendará subir las bases y la pensión máxima

El Gobierno tiene sobre la mesa un alza del 8%, diferido en varios años, en el salario más elevado por el que se cotiza y mejoras en la jubilación más alta

MadridActualizado:

Los cotizantes que tienen mayores rentas harán un mayor esfuerzo para sostener el sistema de pensiones. Es el camino en el que parece estar de acuerdo la comisión del Pacto de Toledo; en el resto de medidas, aún hay mucho trayecto por recorrer, aunque parece estar descartada la necesidad de acometer un nuevo retraso en la edad de jubilación más allá de los 67 años, tal y como ha subrayado el ministro de Economía, Luis de Guindos (en la actualidad la edad legal de retiro está en 65 años y cinco meses y llegará a 67 años en 2027).

Ahora de lo que se trata es de buscar vías alternativas de ingresos sin tener que recortar las pensiones o endurecer el acceso a las prestaciones, como ya hicieran las reformas de 2011 y 2013. Se pretende avanzar en la llamada «contributividad» del sistema. Es decir, en que haya más correlación entre lo cotizado y la pensión que se reciba al final de la vida laboral.

El PP y el PSOE coinciden en que lo urgente es atacar el problema de las pensiones desde el lado de los ingresos. Desde que el Pacto de Toledo comenzó sus trabajos el partido en el Gobierno se mostró abierto a negociar la eliminación de los topes que hoy existen, tanto en las cuantía de las bases de las cotizaciones como en la cantidad máxima que perciben los pensionistas. No se entendería que se elevaran las bases máximas (3.751,2 euros mensuales) y, en paralelo, no aumentará la cuantía máxima (2.573,7 euros brutos mensuales).

Los tipos no variarán

En ningún caso se trataría de tocar los tipos de cotización (el porcentaje que pagan los trabajadores en función de las bases correspondientes), que se mantendría.

La idea que tiene el Gobierno es incrementar un 8% las bases máximas, medida que se acometería en varios años. La decisión de aprobar subidas proporcionales en la pensión máxima es un asunto políticamente muy delicado: en este caso las rentas más elevadas también se incrementarían, aunque no está previsto que en la misma proporción que las bases.

En estos momentos hay más de 1,2 millones de trabajadores que cotizan por las bases máximas, pero en muchos casos sus salarios reales son más elevados que el tope de cotización, lo que provoca que la Seguridad Social deje de ingresar importantes recursos por esta vía. La clave para justificar la adopción de esta medida está en un dato que proporciona la Seguridad Social: la correlación entre «contributividad» y solidaridad en la pensión máxima es de un 80/20. Esto quiere decir que con el 80% de lo aportado por los cotizantes de bases máximas se costea su pensión y el 20% restante se destina a pagar las prestaciones de otros de forma solidaria. Esta proporción es la más baja registrada nunca.

Esta sería una recomendación para inyectar más fondos al sistema, que se acompañaría de otras medidas de ahorro, como incentivar voluntariamente la vida activa de los trabajadores, haciendo compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo o avanzar en la separación de las fuentes de financiación. La idea del Gobierno es que las pensiones de viudedad y orfandad dejen de correr a cargo de las cotizaciones, sin perder su carácter contributivo, y se paguen con impuestos, medida que ahorría al sistema unos 25.000 millones.

También está previsto convertir las reducciones de cotizaciones o las tarifas planas en bonificaciones, que suponen una aminoración de ingresos, para ser financiadas vía Presupuestos, tal y como avanzó la ministra de Empleo. Con ello la Seguridad Social se ahorraría unos 1.900 millones.

Demora en los trabajos

Con la comparecencia de Báñez, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo comenzó a finales del pasado noviembre los trabajos para hacer una nueva reforma de las pensiones que responsa al delicado estado de salud de la Seguridad Social. Lo hacía después de que el Gobierno comunicara a Bruselas que la protección social cerrará 2016 con un déficit de 19.000 millones. El más elevado de su historia, que equivale al 1,7% del PIB. Para 2017 el déficit, aunque más bajo, será todavía de 17.000 millones, el 1,5% del PIB. Con el agravante de que la «hucha» está bajo mínimos.

Por la comisión del Congreso han pasado la patronal y los sindicatos, autónomos, la Airef, organizaciones como Cáritas y catedráticos de Derecho del Trabajo, de Economía Aplicada y de Hacienda Pública, además del gobernador del Banco de España. La comisión tenía previsto terminar sus trabajos el próximo abril, pero todo indica que demorará sus trabajos hasta el verano. «Los trabajos están verdes», apuntan desde la comisión, por la que seguirán pasando expertos antes de que sus señorías tomen las decisiones finales que trasladarán al Gobierno.