El Pacto de Toledo, incapaz de acordar soluciones desde octubre

La presión del déficit y el inminente agotamiento del Fondo de Reserva forzaron a la comisión del Pacto de Toledo a reanudar sus trabajos el pasado octubre con la expectativa de tener las primeras conclusiones antes de verano. Objetivo no conseguido. Enfrascados en peleas políticas, sus señorías no están siendo capaces de pisar el acelerador y poner blanco sobre negro las soluciones, al menos, por el lado de los ingresos para paliar el desfase entre ingresos y gastos del sistema.

En lo único en lo que parecen coincidir es en que los cotizantes que tienen mayores rentas harán un mayor esfuerzo para sostener el sistema de pensiones (aumento de las bases máximas); en el resto de medidas, aún hay mucho trayecto por recorrer.

Prácticamente la oposición en bloque (Ciudadanos, PSOE, Podemos y PDECat ) insiste en que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme a la inflación, una mecánica que el Gobierno descartó por su elevado coste para las arcas públicas y sustituyó por una subida del 0,25% para épocas de crisis como la actual. La reclamación, que justifican por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, se ha convertido en la principal barrera para lograr conclusiones que permitan afrontar nuevos cambios en el sistema.

Las pensiones ya han empezado a perder poder adquisitivo este año y lo seguirán haciendo en el futuro. Así se defiende desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que explica que el sistema seguirá en déficit los próximos cinco años, lo que hará que las prestaciones solo se puedan actualizar un 0,25% cada ejercicio. La consecuencia directa de esto es que las prestaciones perderán siete puntos de poder adquisitivo de aquí a 2022, según sus cálculos.

La posibilidad de volver a vincular las pensiones con el IPC plantea cuanto menos dudas entre los expertos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un informe en el que se apuesta por hacerlo, como excepción, en el caso de las pensiones mínimas, para que los pensionistas que menos cobran no vieran reducido su poder adquisitivo en hasta un 30%, como podría pasar con la mayoría de los nuevos beneficiarios en las próximas décadas en ausencia de medidas, avisan.

Viudedad y orfandad

Tampoco ha tenido éxito en el Pacto de Toledo la propuesta de la Seguridad Social de que las pensiones de viudedad y orfandad pasen a financiarse con impuestos en lugar de con cotizaciones, tal y como propone el Gobierno. La medida aliviaría al sistema de una factura de 25.000 millones de euros anuales.

La mayoría de los grupos parlamentarios que negocian ahora esta cuestión en la comisión del Pacto de Toledo son partidarios de mantener la pensión de viudedad dentro del sistema de Seguridad Social y, por tanto, seguir financiándolas con cotizaciones y no con impuestos. Solo los diputados del PDECat son partidarios de que las pensiones de viudedad se costeen progresivamente con impuestos.

En lo que parece que hay más aproximaciones es en costear con impuestos y no con cuotas sociales 2.500 millones de bonificaciones de cotizaciones al empleo y casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social.