Los nuevos controles de Hacienda para embridar las cuentas autonómicas

El Gobierno de Mariano Rajoy eleva la disciplina y el rigor fiscal sobre las comunidades autónomas, después de que duplicaran el objetivo de déficit público de 2015 –frente al 0,7% fijado acabaron en el 1,66%–. Solo tres comunidades se adecuaron al objetivo: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69% ). El resto lo incumplieron y cuatro regiones triplicaron el límite. Cataluña fue la que presentó unas cuentas públicas menos saneadas, con un desvío del 2,7%, seguida de Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%, aunque sin depurar el gasto por las reparaciones de Lorca), Valencia (2,51%) y Aragón (2,13%).

Ante este escenario, el Ejecutivo, a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, aprobó el jueves medidas coercitivas sobre las regiones: desde retenerles fondos para limitar su gasto público al 1,8% hasta estrechar la vigilancia.

La recomendación que Bruselas envió al Gobierno en marzo ya pedía endurecer el control sobre las autonomías. Con este rigor, el Ejecutivo pretende que la UE suavice el objetivo de déficit público –del 2,8% del PIB para este año, que implicaría un ajuste de 24.000 millones de euros– para postergarlo a 2017. La Comisión Europea decidirá en mayo.

Cartas a las regiones en números rojos

Montoro ha pedido por carta a 12 regiones incumplidoras que se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para este año, que acuerden en quince días no disponer de los créditos del Estado y que este les retenga dichos préstamos si incumplen los planes de ajuste remitidos a Hacienda. Es el primer paso del artículo 25 de la Ley de Estabilidad. Si persisten los incumplimientos, el Estado amenaza con elevar gradualmente la presión sobre las comunidades con depósitos en el Banco de España del 0,2% del PIB, sanciones e incluso la intervención. Pese a ello, el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro reconoció en rueda de prensa que un Gobierno en funciones no llegaría a estos extremos.

Prioridad: servicios públicos y déficit

El Estado comprobará que los fondos de liquidez solo van a los servicios públicos y a reducir el déficit público, para evitar que se destinen a otras partidas no prioritarias.

Límite del gasto del 1,8%

El Gobierno impondrá la regla de gasto a rajatabla, de forma que el desembolso público de las regiones no podrá crecer por encima del 1,8%, una tasa referenciada al crecimiento. Entre los objetivos que impone el Estado a las regiones–déficit, deuda y pago a proveedores–, la regla de gasto es la más desconocida. Este tope presupuestario impide que en épocas de bonanza se gaste en exceso y gracias a su aplicación, los ayuntamientos han entrado en superávit público desde 2012.

Más condiciones para acogerse al FLA

Hacienda exigirá a todas las regiones que se acojan al FLA que acaten los controles que ya tenía Cataluña: se lo pagará a plazos según cumplan y presentarán sus facturas al Estado a través de la plataforma de recibos electrónicos, para que este compruebe a qué dedican los créditos. El Gobierno prevé una oleada de recursos de las regiones ante los tribunales por estos controles, como ya amenazó en su día la Generalitat, señalan fuentes oficiales.

Hacienda vigilará las cuentas mes a mes

La Intervención General del Estado remitirá informes mensuales de cumplimiento de cada región al Estado e informará a los gobiernos autonómicos de su trayectoria. Esta medida ya había sido reclamada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hace unos meses.

Límite al gasto farmacéutico

Las comunidades autónomas en el FLA deberán acogerse al acuerdo firmado por Hacienda con Farmaindustria para que el gasto farmacéutico y sanitario tampoco aumente por encima de una tasa referenciada al crecimiento económico.

El Estado pagará a proveedores regionales

El Gobierno además retendrá recursos del sistema de financiación a las regiones que incumplan los plazos de pago a proveedores para afrontar sus deudas directamente. Este punto afecta, especialmente, a Aragón y Extremadura, que acumulan quince meses pagando por encima de los 60 días de límite máximo que marca la Ley de Estabilidad.