La moratoria de Felipe González costó 5.717 millones a los usuarios

El último Gobierno de Felipe González aprobó el 30 de diciembre de 1994 la ley de ordenación del sistema eléctrico (Losen) que establecía la paralización definitiva de las obras de construcción de las centrales nucleares de Lemóniz (cerca de Bilbao), Valdecaballeros (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). Asimismo, contemplaba la compensación económica a las empresas titulares de las mismas, principalmente Iberdrola y Sevillana. El valor base de la compensación se estableció en 729.309 millones de las antiguas pesetas (4.383 millones de euros). A esa cantidad hay que añadir otros 1.334 millones de intereses y costes financieros de la que fue la mayor operación de este tipo realizada nunca en España.

Titulización histórica

La ley recogía también que los derechos de compensación podrían titulizarse, es decir, sacarse al mercado con la garantía del Estado para que las empresas eléctricas afectadas pudieran cobrar anticipadamente esa compensación para no dañar sus balances.

Esta decisión política del Gobierno socialista repercutió en todos los consumidores, ya que las facturas de la luz han incluido durante 20 años (hasta agosto de 2015) un recargo del 3,54% sobre el consumo eléctrico para amortizar esa deuda.

La moratoria nuclear respondió a varios motivos. La ralentización económica de España en los años 70 y principios de los 80 detuvo el crecimiento previsto (6,2% anual) del consumo eléctrico. Por ello, ya no tenía sentido la instalación de 10.500 MW (megavatios) de potencia nuclear y de otros 2.700 MW de carbón previsto en el Plan Energético Nacional (PEN) 1978-1987. Así, en la revisión de este PEN en 1984, el Gobierno decidió la paralización de cinco de los siete reactores nucleares que estaban construyéndose en ese momento. Los elegidos fueron los dos grupos de Lemóniz, los dos de Valdecaballeros y el segundo de Trillo.

También fue determinante el accidente que se produjo en la central nuclear de Three Mile Island, en Harrisburgh, Pensilvania (EE.UU.), en 1979, que, como sucedió hace casi seis años con la central japonesa de Fukushima, obligó a un replanteamiento de las medidas de seguridad en estas plantas en la mayoría de países de la OCDE, salvo Francia, Canadá y Japón. Casualmente, dos años después de decretarse la moratoria nuclear en España, se registró la catástrofe de Chernobyl, lo que terminó de sentenciar a este energía.

Además, los intereses se dispararon en aquellos años, lo que encareció notablemente la financiación de los proyectos de las nuevas centrales nucleares. La deuda reconocida a cada planta fue de 2.274 millones de euros para Valdecaballeros, 2.044 millones para Lemóniz y de solo 66 millones para Trillo (era la que menos avanzada tenía su construcción).

Lemóniz sucumbió a ETA

Cabe recordar que las obras de Lemóniz se encontraban paralizadas desde 1981, después de que ETA secuestrara y asesinara en febrero de ese año al ingeniero vasco José María Ryan, responsable de esta central. El suceso tuvo una gran repercusión social y política. Tres años antes, también fueron asesinados dos trabajadores de la planta, la cual, sufrió diversos atentados en sus instalaciones.