El juez rechaza por tercera vez imputar por la salida a Bolsa de Bankia a los exdirigentes del Banco de España

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado por tercera vez imputar a ocho antiguos dirigentes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a Bolsa de Bankia, investigada por la justicia por supuestamente haber falseado las cuentas con las que saltó al parqué en julio de 2011. El magistrado asegura que los exclusivos responsables de la decisión de salir a Bolsa son los órganos de administración y dirección de las entidades, no los supervisores.

El magistrado, quien deja claro que un mero error no tiene por qué ser investigado por la Justicia penal, explica además que la causa indaga si los antiguos consejeros de Bankia falsearon la información financiera contenida en los folletos de emisión o las informaciones que difundieron según la legislación del mercado de valores, para permtir a los inversores participar con criterio en la operación.

La Fiscalía Anticorrupción también su opuso a citarles como imputados.

Andreu señala que no investiga si la decisión de salir a Bolsa, cuestionada por el inspector José Antonio Casaus en unos correos electrónicos incorporados a la causa, fue acertada o no, algo que no corresponde valorar a la justicia. Califica la decisión de «legítima». Uno de los señalados es precisamente el ex gobernandor del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el abogado Andrés Herzog, solicitó la imputación de los antiguos responsables de los supervisores (Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello, Javier Aríztegui, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Julio Segura y Fernando Restoy) al considerarles también responsables penales de los supuestos delitos cometidos. Basó su decisión en los correos, en los que Casaus desaconsejaba la salida a Bolsa y aseguraba que el grupo de Bankia era inviable.

El magistrado añade, además, que los correos electrónicos tienen un carácter informal y espontáneo. En cambio, de los cauces oficiales por los que se pronuncian los responsables de los órganos supervisores (llamados informes de seguimiento) no se desprenden indicios que que participaran de forma dolosa, «por acción u omisión» en el delito que es objetivo de la investigación. La existencia de disfunciones o de decisiónes erróneas, concluye Andreu, no es suficiente para imputar a alguien penalmente.