Economía

La juez cita a declarar como imputado al actual presidente de Abengoa

La magistrada Carmen Lamelas responde así a una petición formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las indeminizaciones millonarias

El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles
El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles - EFE
E.P. - @abceconomia Madrid - Actualizado: Guardado en:

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de octubre al actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, por su papel en la aprobación de las millonarias indemnizaciones que percibieron el expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de que la compañía presentara el preconcurso de acreedores.

La magistrada, que responde de este modo a una petición formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, también cita para ese día a la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, y la vocal Alicia Velarde.

En un auto asegura que su comparecencia es «procedente» debido a que adoptaron los acuerdos de 23 de septiembre de 2015 relativos a las retribuciones abonadas a Benjumea tras su cese como presidente. En concreto, Fornieles votó a favor en su propio nombre y el del exministro José Borrell, miembro del Consejo de Administración de la compañía.

El fiscal José Perals pidió la ronda de testificales después de que Fornieles explicara, en una comparecencia como testigo en junio, que la multinacional pagó a su antecesor 4,48 millones en concepto de indemnización por cese anticipado y pacto de no competencia postcontractual y otros 7 millones por bonificación por permanencia que tenía reconocida en su contrato con la sociedad.

El Ministerio Público recalca en un informe que Abengoa amplió su capital para afrontar sus deudas y el Consejo de Administración decidió el 23 de septiembre de 2015 «aparentar la marcha» de Benjumea de la sociedad, quedándose bajo la denominación de «asesor» del Consejo y cobrando un sueldo «idéntico» al que venía recibiendo como consejero.

Benjumea recibió el pago pese a ser consciente de la «mala situación» de la sociedad, que en noviembre de 2015 pidió el preconcurso de acreedores. Los mismos miembros del Consejo de Administración acordaron el 15 de junio de 2015 las condiciones económicas y el cese de Sánchez Ortega.

Querella de los bonistas

La juez admitió hace meses la querella, presentada por la plataforma de Perjudicados por Abengoa, y en la que se denunciaba la «horrible» gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su «propio beneficio y lucro personal» al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de «salvar a sus miles de inversores».

Los bonistas representados por la plataforma señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran «conocedores de la auténtica realidad económica-financiera» de la empresa y que buscaron su enriquecimiento «en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate».

Así lo ha acordado la titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, ya que Fornieles formaba parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones que adoptó en septiembre de 2015 los acuerdos relativos a las indemnizaciones al expresidente de la sociedad sevillana Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

Junto con Fornieles deberán comparecer la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, así como la actual vicepresidenta de la compañía, Alicia Velarde.

Todos ellos ya declararon en esta misma causa el pasado junio, aunque como testigos, y en aquella ocasión, los ahora investigados, defendieron que las cuantías percibidas por Benjumea y Sánchez Ortega estaban establecidas por contrato.

La presente causa investiga el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de ambos, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, una práctica normal, según Benjumea, «para asegurar la permanencia en el cargo».

La acusación particular les achaca un presunto delito de administración desleal, castigado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel. Un supuesto agravado para Sánchez Ortega, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de la compañía se hundiesen en Bolsa.

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