La inversión en obra pública se ha desplomado un 77% desde la crisis

Es frecuente que cuando surge el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, tarde o temprano, aparezca la cuestión, siempre polémica en España, del gasto en infraestructuras innecesarias:majestuosas estaciones ferroviarias que languidecen en medio del páramo, aeropuertos fantasma y concesiones de autopistas abocadas a la liquidación, entre otras muchas muestras.

El pasado miércoles, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reprochó, en este sentido, que se hayan construido carreteras en Madrid «sin coches» o «aeropuertos sin aviones», en respuesta a la polémica frase del presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, de que los países del sur de Europa se gastan el dinero en «alcohol y mujeres» y a continuación piden ayuda. Lo cierto es que aquellos excesos, que como en el caso de las autopistas pueden suponer aún una fuerte carga para las arcas públicas, han marcado a la postre la política de inversiones en obra civil, que se ha desplomado en los últimos años hasta mínimos históricos desde el estallido de la crisis.

En concreto, según los datos recabados en las estadísticas de licitaciones de la patronal de las grandes compañías de construcción (Seopan), la inversión del conjunto de las administraciones españolas han caído cerca de un 77%.A partir de 2007 comenzó un pronunciado descenso, desde la cima de 40.354 millones de euros, que se ha ido profundizando, sin apenas variaciones, año tras año, hasta los 9.323 millones de euros cuantificados en 2016. El mínimo histórico se registró en el año 2012, en plena crisis del euro, cuando se precipitó hasta los 7.442 millones.

Este descenso se ha producido en todos los segmentos y también ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas. Pero, sin duda, destaca, porcentualmente, el Ministerio de Agricultura, cuyas licitaciones se han reducido en un 94,4% durante este periodo, desde los 2.420 millones de euros hasta los 134,9 del último ejercicio anual. Por su parte, las inversiones en el conjunto delMinisterio de Fomento se han recortado un 78,5% hasta los 2.607 millones.

Caída de las comunidades

Entre los distintos departamentos ministeriales, el retroceso ha sido más acusado en la Dirección General del Agua (perteneciente a la cartera de Agricultura), donde la obra pública ha restado un 98,6% hasta los cerca de 10 millones registradores en 2016. El descenso también ha sido destacado en compañías públicas como AENA o ADIF, donde ha retrocedido en torno a un 68% (hasta los 538,7 millones) y un 93,4%, respectivamente, hasta los 244,1 millones, si bien hay que tener en cuenta que el último dato se refiere a la escisión del gestor de la infraestructura ferroviaria destinada, exclusivamente, a la alta velocidad (ADIFAlta velocidad).

Por comunidades autónomas, la tendencia resulta muy similar: llamativo ha sido el desplome de la inversión en Castilla-La Macha(91,39% menos), Murcia (87,7%) y Navarra (86,6%). De media, las comunidades autónomas han visto rebajadas sus licitaciones en cerca de un 78%, solo por debajo de la Administración central (-80,7%) y por encima del 69% de descenso de la Administración local.

La cuestión es, frente a la visión general de que en España ya no quedan más nichos de inversión en infraestructuras, si aún existen espacios de crecimiento. En un informe elaborado por la consultora A. T Kearney, que presentó a finales de 2015, se observaban deficiencias en los denominados «equipamientos sociales», es decir, aquellas infraestructuras como depuradoras, hospitales, redes energéticas y de telecomunicaciones, centros educativos y de logística, frente a las infraestructuras dedicadas en exclusiva al transporte. La firma, en este sentido, solicitaba un «plan de inversión sostenida» a 10 años de entre 38.000 y 54.000 millones de euros.

Concretamente, dicho texto consideraba prioritarias inversiones del orden de 20.000 millones en depuración de aguas, entre 12.000 y 16.000 millones para las instalaciones energéticas, 8.000 millones para impulsar el transporte ferroviario de mercancías, 9.000 millones en servicios urbanos y rehabilitación de viviendas, 3.300 millones en instalaciones educativas, 1.000 millones en centros sanitarios y 6.000 millones en mantenimiento. El estudio concluía que este importe de inversión generaría una actividad económica de en torno a 700.000 millones, crearía hasta 750.000 empleos y permitiría al Estado recuperar el 50% de la inversión por recaudación fiscal.

El Gobierno recuerda que para acometer este tipo de inversiones, no obstante, es imprescindible que el Congreso de los Diputados dé luz verde a los Presupuestos Generales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló esta semana que espera presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en el Congreso el próximo martes 4 de abril, después de su aprobación el 31 de marzo en el Consejo de Ministros.En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado en varias ocasiones que en todas las regiones que ha visitado desde que asumió el cargo le reclaman inversiones y los dirigentes políticos de las mismas son «conscientes» de que para ello se necesita tener nuevos Presupuestos.