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El ministro de Economía, Luis de Guindos - EFE

De Guindos asegura que la independencia de Cataluña implicaría una pérdida del 25 ó el 30% del PIB

El ministro de Economía ha insistido en que el Gobierno español «no va a dejar nunca que Cataluña y los catalanes salgan de la zona euro o de la UE»

MADRID Actualizado: Guardar
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El ministro español de Finanzas, Luis de Guindos, ha dicho este martes que la independencia de Cataluña es "imposible" desde el punto de vista legal y que implicaría una pérdida económica del 25 ó el 30% del PIB, algo que el Gobierno español "no va a dejar nunca que ocurra".

"Nadie nos pregunta. La gente considera que es imposible la independencia de Cataluña y no he tenido la más mínima pregunta al respecto", dijo De Guindos en declaraciones a la prensa, a su llegada a una reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE.

En ese contexto, indicó que "no solo es una cuestión de legalidad (...) es también una cuestión de racionalidad económica" y subrayó que el Gobierno español "no va a dejar nunca que Cataluña y los catalanes salgan de la zona euro o de la UE".

"Sería un paso atrás de consecuencias que no quiero ni imaginar. Por esa irracionalidad nadie incorpora en estos momentos sus expectativas", añadió.

"Es imposible desde el punto vista legal y sería desde el punto vista económico una caída del PIB en el entorno del 25 % o el 30 %, un empobrecimiento brutal y el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra nunca", dijo De Guindos. "Es una hipótesis que no contemplamos", añadió.

«Cumplimiento de la legalidad»

El ministro indicó que el Gobierno quiere "el cumplimiento de la legalidad" y que ha pedido que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, vaya al Congreso a explicar la situación, ya que es un tema que compete a los 350 diputados de la Cámara, que es el lugar donde "se tiene que explicar y tiene que recibir réplicas".

El borrador de la "ley de ruptura" catalana, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán y al que ha tenido acceso el diario "El País", es un documento que aspira a funcionar como Constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.

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