Economía

El Gobierno da el visto bueno a enviar a Bruselas el plan presupuestario de 2017

El Ejecutivo analiza vetar la iniciativa de PSOE, Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto de ligar la subida de las pensiones del año que viene al IPC

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría - EFE
EP - @abceconomia Madrid - Actualizado: Guardado en:

El Gobierno ha dado luz verde al plan presupuestario para 2017 y al «informe de acción efectiva», que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y el siguiente, y que remitirá a Bruselas mañana, cuando finaliza el plazo para enviarlo a la Comisión Europea.

Así lo trasladó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, donde aseguró que «la parte mollar» de lo que se remitirá a Bruselas es el «informe de acción efectiva», que resume las medidas aprobadas para reducir el déficit, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.

En este punto, la vicepresidenta confió en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Junto con el «informe de acción efectiva», el Gobierno también remitirá a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone básicamente la prórroga de los Presupuestos de 2016, pero con previsiones de ingresos y gastos para el próximo año que, según adelantó, se han realizado con «mucha prudencia».

La vicepresidenta apuntó que posteriormente debe ser el nuevo Gobierno quien adopte las medidas que considere oportunas para cuadrar el déficit público de 2017, ya que un Ejecutivo en plenitud de funciones podrá aprobar después unos nuevos Presupuestos para el próximo año.

Ajuste pendiente

De momento, el texto que se enviará a Bruselas contemplará un déficit público del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido con Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año. Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.

En concreto, el calendario que maneja el Gobierno es que Mariano Rajoy pueda ser investido presidente del Gobierno a finales de este mes, siempre que se confirme la abstención del PSOE, lo que le permitiría contar con un nuevo Presupuesto a finales de este año (en noviembre ya se podría aprobar el techo de gasto), donde sí se incluirían ya las medidas para cumplir con el déficit.

Subida del 0,25%

El Gobierno estudia un posible veto a la proposición de Ley presentada por 178 diputados –de PSOE, Podemos, ERC, PNV y el grupo Mixto– para que las pensiones suban en 2017 de acuerdo con el IPC, ya que podría suponer un incremento de gasto presupuestario o una disminución de ingreso. PP y Ciudadanos abogan por aplicar la Ley y que el alza en las pensiones sea del 0,25%.

La vicepresidenta ha dicho que el Gobierno «analiza el esquema» planteado en la proposición de Ley que fue registrada ayer por todos los grupos parlamentarios, salvo por el PP y Ciudadanos, y ha recordado que con el índice de revalorización de las pensiones aplicado en 2013 estas prestaciones se han actualizado en 2.077 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que si no se hubieran revalorizado las pensiones el 0,25% en los años en los que ha habido un IPC en el 0% o en negativo, se hubiera registrado una pérdida de cerca de 1.240 millones de euros.

«Lo oportuno es esperar a la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo para abordar en su seno las medidas que los grupos quieran plantea», ha dicho, tras incidir en que las jubilaciones son un «asunto de Estado» que compete a la solidaridad entre generaciones y que hay que abordar de forma amplia.

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