El Gobierno propone recoger en un convenio sectorial el mantenimiento del empleo de la estiba

La reforma de la estiba se ha convertido en una tarea compleja que ha llevado al actual Gobierno a encajar la tercera derogación de un real decreto-ley en la historia de la democracia española y que se adentra ahora en una nueva fase marcada por la previsible respuesta de los sindicatos. Los altercados provocados ayer por un grupo de estibadores invitados por Unidos Podemos para asistir a la votación, que en algunos casos tuvieron que ser desalojados y que mantuvieron las protestas en la puerta de los Leones alentados por los diputados de la formación morada, pueden representar el preludio a pequeña escala de las movilizaciones que, si se hace efectivo el preaviso de ocho días de huelga a partir del próximo miércoles, sacudirán los puertos.

Estas son las claves del polémico decreto.

Ruptura del monopolio laboral

El texto establece, para amoldarse a las exigencias de Bruselas, que la «contratación de trabajadores» de la estiba «es libre, previo cumplimiento de los requisitos establecidos que garanticen la profesionalidad de los trabajadores portuarios».

Nuevos requisitos de acceso

A petición del PDECat, el Gobierno ha articulado un «certificado de profesionalidad», en lugar del título de FP que recogía la anterior norma, para acceder al puesto de trabajo de estibador. Se da a los que acrediten más de 100 jornadas de trabajo.

Periodo transitorio de tres años

La norma contempla un «periodo transitorio de adaptación de tres años» durante el cual las actuales Sagep (los registros de trabajadores vetados por la UE) «subsistirán» y las empresas deberán contratar a determinadas cuotas de sus empleados.

Traslado de los vehículos

La Administración concede también a los nacionistas catalanes otra de sus peticiones: dotar a los estibadores de «amparo legal» para que se encarguen de «las labores de embarque y desembarque de vehículos sin matricular» en los puertos españoles.

Subrogación por convenio

El borrador del real decreto remitido a los sindicatos subraya que las organizaciones sindicales y patronales «podrán establecer mediante un acuerdo estatal o un convenio colectivo de igual ámbito» las medidas para el mantenimiento del empleo.

Medidas de productividad

El texto recoge que, asimismo, «las partes podrán negociar medidas complementarias para la mejora de la competitividad de los puertos, incluida la reducción salarial del 10% de las retribuciones de los trabajadores portuarios».