El Gobierno impone nuevos controles a la actividad de Uber y Cabify
Las licencias de VTC solo se pondrán vender dos años después de su obtención. Además, se crea un registro público en el que se incluirán todos los servicios que presten estas plataformas
El último Consejo de Ministros del año ha supuesto un espaldarazo al sector del taxi. El Gobierno ha aprobado un real decreto enfocado a restringir la compraventa de licencias VTC (vehículos con conductor, con las que operan Uber y Cabify ) y evitar así que se cree una «burbuja» en torno a estas autorizaciones. Fomento ya había anunciado esta ley, que sirve para colmar las peticiones del sector del taxi ante la previsible avalancha de VTC procedentes de los juzgados.
En concreto, la nueva norma impide la transmisión de autorizaciones durante un límite de dos años desde su otorgamiento. El Ministerio de Fomento ha notificado a través de un comunicado que esta medida está enfocada a impedir «las prácticas especulativas de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa, sin intención de operarlas».
El real decreto no se detiene ahí, sino que también recoge la creación de un registro único «al que deberán comunicarse los servicios de VTC con carácter previo a su realización». Este punto ha sido el que ha generado más polémica, ya que los operadores de estas licencias denuncian que atenta contra la privacidad de sus usuarios.
Fomento se defiende afirmando que de esta forma se refuerzan las garantías de que se ha producido una contratación previa de estos servicios y se controla «de manera eficaz el criterio de habitualidad» , que según la ley establece que las VTC pueden realizar como máximo un 20% de sus servicios fuera de la comunidad donde hayan sido otorgadas.
El real decreto también advierte de que las nuevas autorizaciones que se otorguen en los juzgados deberán «cumplir los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original».
Entramado legal
Lo cierto es que el sector del taxi ha denunciado en numerosas ocasiones que empresas como Uber y Cabify no están cumpliendo la normativa y realizan prácticas como aparcar en zonas reservadas para taxi o recoger clientes en la vía pública sin una petición de servicio previa. A ello se une que, según su reclamación, se está produciendo una distorsión del reglamento, que estipula que debe haber una licencia VTC por cada 30 del taxi . El gremio advierte que, en determinadas ciudades, la proporción ya es de 1 a 6.
Se trata de una relación que se distorsionará más en el futuro, ya que se espera que alrededor de 10.000 nuevas licencias VTC entren en circulación en los próximos meses procedentes de los tribunales. Estos están conceciendo estas licencias por una discrepancia jurídica producida entre 2013 y 2015.
Los frentes judiciales se completan con el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el Tribunal Supremo contra el reglamento de transportes que regula estos servicios y que fue aprobado hace ya dos años. Según la CNMC, el límite de 1 a 30 que recoge la norma atenta contra la competencia. Está previsto que el Supremo emita su veredicto en el primer trimestre del año.
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