El Gobierno explicará ante el Parlamento Europeo sus planes para reducir el déficit

El Gobierno deberá comparecer ante el Parlamento Europeo para informar sobre sus planes presupuestarios en el marco del diálogo que ha de seguirse en caso de una eventual suspensión de los fondos estructurales. Según la propuesta que previsiblemente será aprobada hoy por la conferencia de presidentes de grupos políticos, la Eurocámara va a hacer lo posible por aplazar cualquier incidencia negativa para España y Portugal, a pesar de las presiones legales que obligan a la Comisión Europea a tomar medidas.

Según el documento al que ABC ha tenido acceso y que los partidos estaban pactando ayer mismo, el Parlamento va a requerir también a la propia Comisión que vuelva a comparecer ante las comisiones parlamentarias correspondientes y le conmina además a no tomar ninguna medida antes del día 15, cuando está previsto que los gobiernos de los países del euro le envíen sus proyectos de presupuesto, para comprobar si estos se mantienen dentro de las reglas del Pacto de Estabilidad.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el ministro Luis de Guindos está dispuesto a comparecer si se recibe la invitación por parte del Parlamento Europeo. En principio debería ser ya en la próxima sesión de octubre (la segunda este mes) o la de noviembre. El documento se refiere a los ministros de Economía de los dos países y no tiene en cuenta si el calendario político español supusiera un cambio en la composición del Gobierno, algo que probablemente no puede suceder antes de mediados de noviembre.

El proceso de diálogo estructurado se enmarca dentro del procedimiento de sanciones a España y Portugal por falta de acciones efectivas para reducir el déficit. La Comisión ya compareció este lunes por primera vez y en esa ocasión se constató que una amplia mayoría en el seno de la Eurocámara es contraria a que se congelen los fondos. Esta es otra de las constataciones que aparecen en la resolución que se aprobará hoy.

El lunes se produjo una audiencia pública de la Comisión en la que sus representantes se esforzaron por tranquilizar a los diputados diciendo que aunque la congelación es automática dado que los dos países ibéricos han incumplido sus objetivos de déficit, en el peor de los casos solamente tendría efectos en programas planificados para 2020.

La comisaria de Política Regional, Corina Cretu, dijo a preguntas de los diputados que «si suspendemos una parte de los compromisos de 2017 afectaría únicamente a finales de 2020, pero eso en el caso de que el país no adoptase ninguna medida» para cambiar el rumbo y cumplir los objetivos de control de déficit. En el caso más extremo podría llegar a suponer la congelación de hasta un 20% de los fondos de 2017. La decisión solo afectaría a los proyectos que aún no se han iniciado, no a aquellos que ya están en marcha y cuya financiación está garantizada. El hecho de que se trate de dos países gobernados por los dos grandes partidos europeos (España por el PP y Portugal por los socialistas) ha generado una especie de consenso de no agresión. Según los expertos, las reglas permiten una interpretación lo bastante flexible como para eludir cualquier medida tan rigurosa como la suspensión de esos fondos, siempre y cuando el Gobierno español pueda mostrar argumentos razonables para convencer a Bruselas de que va a controlar la situación.