El Gobierno arranca a Bruselas un año más para bajar el déficit del 3%

La Comisión Europea considera que el compromiso reformista del Gobierno de Mariano Rajoy es lo que ha permitido a España iniciar la senda de la recuperación económica. Y pese al incumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal por cuestión de décimas, valora la tendencia de reducción estructural de ese desfase presupuestario. Por eso desde Bruselas se ve esencial que se siga por ese camino. En ese contexto, y según ha podido saber ABC, el Ejecutivo popular ha llegado ya a un acuerdo tácito con el Gobierno comnunitario por el cual se concederá a España un año más para situar el déficit público por debajo del 3% del PIB. A cambio, el país deberá continuar con las reformas pendientes.

En concreto, el objetivo de déficit para 2016 que el Gobierno español había pactado inicialmente con la Comisión Europea era del 2,8% del PIB, frente al 4,5% en que cerró el pasado ejercicio.

Esto obligaría a un ajuste fiscal, entre recortes del gasto y mayor recaudación, de unos 20.000 millones de euros durante estos doce meses. Pues bien, el pacto pospone a 2017 la reducción del agujero a ese nivel.

El compromiso arrancado ya a Bruselas por el actual Gobierno es una de las promesas electorales del PSOE y Ciudadanos, que ambos partidos han recogido en su pacto de gobierno como algo a negociar con la UE y que fijan como innegociable para negociar la investidura del próximo presidente.

Corrección de desequilibrios

El acuerdo del Ejecutivo del PP con la UE es por ahora verbal, pero se recogerá por escrito en la actualización del programa de estabilidad y reformas que España debe enviar el próximo abril a Bruselas y en cuyas línea generales ya está trabajando el actual Gobierno en funciones.

Como garantía, España se debe comprometer, por un lado, a no revertir las reformas ya hechas. Cabe recordar que algunas fuerzas políticas han anunciado que en caso de llegar al gobierno derogarían medidas como la reforma del mercado laboral. Esto, según los técnicos de Bruselas, tendría un impacto muy negativo en la recuperación económica del país.

Además, el futuro Gobierno deberá seguir aplicando las reformas estructurales pendientes. La semana pasada el propio Ejecutivo comunitario, en su último informe anual sobre el estado de la economía nacional, dejaba entrever cuáles son los desequilibrios que el país aún debe corregir. El fundamental, las elevada tasas de paro juvenil y de larga duración, para lo que propone mejorar las políticas activas de empleo, la movilidad regional, reducir la tasa de abandono escolar y resolver problemas de productividad.

Bruselas, al igual que otros organismos internacionales como el FMI, llamaba también la atención sobre la necesidad de abordar de una vez por todas las liberalización de los servicios púnlicos y hacer efectiva la aplicación de la ley de unidad de mercado para acabar con la actual fragmentación del mercado interior.

En materia de consolidación fiscal, la Comisión insta a aplicar estrictamente la Ley de Estabilidad, sobre todo en lo que refiere a las autonomías, y a profundizar en medidas para mejorar la eficacia del gastao sanitario y racionalizar el coste farmacéutico en los hospitales.

Por último, Bruselas apunta a una revisión de la política de infraestructuras, sobre todo en lo relativo al AVE, para hacer más eficiente el sistema de transportes. Además, reclama una política de contratación pública más transparente y coherente para atajar la corrupción.

Esa mayor flexibilidad en el ritmo de ajuste fiscal que ha logrado el Gobierno de Rajoy para el país es algo que contempla el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado por los países socios, y que la Comisión Europea ya ha concedido a otros países como Francia, Bélgica y también a España anteriormente.