Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea - EFE

Los funcionarios demandan a la Comisión Europea por discriminación laboral

La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos considera que el órgano comunitario niega un tratamiento igualitario a los trabajadores públicos

MadridActualizado:

Un nuevo frente se le abre a la Comisión Europea. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (Fsesp) ha anunciado que hoy demandará al órgano presidido por Jean-Claude Juncker ante el Tribunal General de la Unión Europea por vulnerar sus derechos de información y consulta.

El sindicato, formado por ocho de los diez millones de trabajadores públicos, denuncia que las instituciones comunitarias no han incorporado al ordenamiento jurídico el acuerdo entre agentes sociales para equiparar los derechos del sector privado con el público en dicha materia.

El acuerdo al que se refieren es al que llegaron la Fsesp, la Confederación Europea de Sindicatos Independietnes (CESI) y la red europea de empleadores de la Administración Pública (Eupae) para disfrutar los derechos de información y consulta, es decir, para que se les informe sobre cuestiones que les atañen directamente, como las reestructuraciones, los despidos colectivos, la jornada laboral o la conciliación de la vida laboral con la vida privada.

La Comisión Europea informó en marzo de que no enviaría al Consejo Europeo ninguna propuesta de directiva para regular esta materia

En marzo de 2015, Bruselas proclamó la reapertura del diálogo social con el anuncio del presidente Juncker de nuevos procesos de participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas y la legislación de la Unión Europea.

Tras ello, firmaron el citado acuerdo los agentes sociales para promocionar los derechos de los 10 millones de funcionarios que hay en los países de la UE. Sin embargo, el 5 de marzo de 2018, la Comisión Europea informó de que no enviaría al Consejo Europeo una propuesta de directiva al respecto. En definitiva, que no legislaría sobre este asunto.

En consecuencia, el sindicato mayoritario en Europa ha optado por demandar al órgano presidido por Juncker ya que estima que la Comisión «ha menospreciado de forma manifiesta la autonomía de los agentes sociales protegida por los tratados de la Unión Europea».

Desde CESI recuerdan que la excusa de Bruselas es que las administraciones están bajo la autoridad de cada gobierno nacional, con lo que no pueden inmiscuirse en temas de su competencia, además de constatar que la organización en cada estado varía sustancialmente. Así, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes critica esta postura: «Por supuesto que la organización de las autoridades gubernamentales varía, pero esta es la razón por la que necesitamos una directiva de la UE que establezca normas mínimas comunes que todos los Estados miembros deben cumplir».

Ataque doble

A este respecto se ha referido también Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP, quien ha declarado que «la Comisión ha socavado su propia decisión de defender el diálogo social y los derechos de información y consulta». Y añade: «El pilar europeo de derechos sociales presenta una excelente oportunidad para reimpulsar la Europa social, y la Comisión, al negarse a presentar una propuesta de directiva, ha hecho justo lo contrario».

Para este sindicato la decisión del órgano comunitario no tiene «fundamentos ni precedentes», además de que, a su juicio, es un ataque doble a los funcionarios al negar la igualdad a los trabajadores públicos frente a los privados e ignorar las decisiones de los agentes sociales.