El fraude eléctrico en España equivale al consumo anual de Valencia y Sevilla

El fraude eléctrico en nuestro país siguió creciendo en 2015, según los datos recabados por este periódico de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El año pasado se incoaron unos 184.000 expedientes, un 25% más que en 2014. La energía defraudada fue de unos 4.000 millones de kWh (kilovatios/hora), que equivale al consumo eléctrico anual de 1,3 millones de habitantes, apunta Iberdrola, es decir, la suma de la demanda de, por ejemplo, dos ciudades como Valencia y Sevilla. Este fraude supone, según Endesa, la pérdida de unos 150 millones de euros que finalmente pagan todos los consumidores a través de la factura de la luz.

Contrariamente a lo que se puede pensar, el 90% del fraude eléctrico tiene su origen en empresas y particulares con un elevado consumo y solo el 1% se localiza en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad.

Los datos que maneja Iberdrola indican que la energía defraudada en 2015 por sectores industriales y de servicios representa el 55% del total. Respecto al sector residencial, el 65% del fraude corresponde a particulares de gran consumo. Según Endesa, el 80% del fraude eléctrico fue causado por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

«Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan», afirman desde Endesa.

En Iberdrola destacan también que el fraude eléctrico en España preocupa no sólo a las compañías distribuidoras sino también a las administraciones públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y repercute de forma significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura.

Además, en el caso de las conexiones ilegales en las empresas, las compañías que cometen fraude «perjudican doblemente a sus competidores, porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal», según Endesa.

Por otro lado, el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Cabe recordar que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, y sin los requisitos de seguridad necesarios.

Propuestas de la CNMC

Sobre este asunto, la CNMC tomó cartas en el asunto hace justo un año, cuando realizó una propuesta para modificar la regulación sobre el fraude eléctrico ante la creciente «sofisticación» y «profesionalidad» de las conexiones ilegales. Entre otras cuestiones, Competencia recomienda revisar el actual sistema de incentivos a la reducción del fraude que reciben las empresas eléctricas y que estas asuman el sobrecoste de las pérdidas, unos 150 millones de euros anuales, que son sufragadas por el usuario final.

Cuando una compañía eléctrica detecta una conexión ilegal, refactura al titular del contrato la energía supuestamente defraudada. Si el fraude es muy importante, la eléctrica corta el suministro y denuncia los hechos a las autoridades competentes.

Sin embargo, la Defensora del Pueblo dictó una resolución a finales de 2015 en la que considera que la inspección de los fraudes de energía eléctrica y la imposición de las correspondientes penalizaciones económicas «no deben atribuirse a empresas privadas, puesto que en ellas no concurre la necesaria condición de independencia esencial para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos».