La Fiscalía Anticorrupción acusa a Iberdrola de lucrarse tras provocar al alza del precio de la luz

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola por un delito relativo al mercado y los consumidores. Los directivos de la compañía habrían adoptado presuntamente decisiones que llevaron al alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

En el marco de esta investigación, este miércoles se practicaron entradas y registros en la sede de la eléctrica en Madrid y de Bilbao.

Con esta práctica, la compañía habría obtenido un «lucro ilícito» de 20 millones de euros, según Anticorrupción.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta "muy grave".

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor (pvpc).

La eléctrica niega «cualquier manipulación»

Por su parte, Iberdrola ha negado "rotundamente" haber realizado "cualquier manipulación fraudulenta" de los precios en el mercado eléctrico a finales de 2013 a través de las ofertas de sus centrales hidroeléctricas y ha recalcado que, en el periodo analizado, actuó siempre "como un gestor prudente y razonable".

Según fuentes de la compañía, Iberdrola Generación España ha prestado "toda su colaboración" al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la UCO de la Guardia Civil en el marco de la solicitud de información relacionada con la actuación de la empresa en el mercado eléctrico entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

Las fuentes consultadas por EFE han explicado que el grueso de la información solicitada ahora ya está en manos de la CNMC, que analizó los hechos en su momento e impuso una sanción de 25 millones en noviembre de 2015.

Las fuentes de la eléctrica recuerdan que, a raíz de la presentación de ese recurso, admitido a trámite en febrero de 2016, la Audiencia Nacional decidió, a mediados de marzo de ese año, suspender cautelarmente el pago de la sanción impuesta por la CNMC hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.