Economía

El fiscal rechaza investigar a Mafo y Restoy en el «caso Bankia»

El Ministerio Público considera insuficientes los correos de un inspector del Banco de España en los que se alertaba de la situación financiera de la entidad en su momento de su salida a Bolsa

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez - ÁNGEL DE ANTONIO
EUROPA PRESS Madrid - Actualizado: Guardado en:

La Fiscalía se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, encargado de investigar el caso 'Bankia', cite a declarar en calidad de investigado al que fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, al exgobernador del Banco de España (BdE) Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV y actual subgobernador del BdE, Fernando Restoy, entre otros, tal y como pidió la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), después de incorporarse a la causa cuatro correos que cuestionan la viabilidad en ese momento del del Grupo BFA-Bankia.

La CIC, que ejerce la acusación popular', solicitó al magistrado de la Audiencia Nacional que citase también al jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa, Pedro Comín, al ex subgobernador del supervisor Javier Arístegui, el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.

También añadió a la lista de peticiones a Mariano Herrera García-Canturri, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España y al director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España, Pedro González.

El fiscal Alejandro Luzón en un escrito remitido a Andreu, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que esta petición de «imputar» a personas que ya han declarado en la causa como testigos. Recuerda que el Ministerio Público ya informó de los motivos por los que la CIC pide su comparecencia en su escrito de 15 de junio de 2016 y que el magistrado desestimó dicha citación, una decisión que fue aprobada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en un auto de 7 de octubre de 2016.

Fuentes de la CIC han asegurado a Europa Press que el criterio del fiscal resulta «confuso, contradictorio en algunas afirmaciones y carente de la necesaria valentía» y espera que el juez sí haga gala de ese valor al dictar su correspondiente resolución.

Conocimiento del Banco de España

La acusación afirmó en su escrito que los correos «demuestran el perfecto y cabal conocimiento» que la «jefatura» del Banco de España tenía «sobre la verdadera situación patrimonial de BFA-Bankia y sobre las graves consecuencias que iba a ocasionar la operación de salida a Bolsa de la entidad».

Dichas comunicaciones vinieron a confirmar la versión expuesta ante el magistrado por parte del inspector del Banco de España José Antonio Casaus -quien prestó declaración en calidad de testigo el pasado 5 de septiembre-, ya que afirmaban que «no solo desaconsejaba encarecidamente la OPS sino que expresaban reiteradamente sobre la inviabilidad de la estructura diseñada para la salida a Bolsa y sobre el importantísimo quebranto patrimonial que se iba a causar a preferentistas».

Por otro lado, Luzón argumenta en su escrito, con fecha del pasado 10 de noviembre y que se ha dado a conocer este martes, que el contenido de los citados correos no «inciden en la existencia de falsedad alguna de las cuentas», pues en uno de ellos se hace mención a la existencia de «fondos genéricos y fondos específicos sin asignar por más de 3.000 millones de euros», algo que reconocieron y explicó Casaus ante el juez.

«No parece lícito convertir en sospechosos de la comisión de un delito a quienes discreparon» de la opinión de Casaus que en su declaración aseguró que que había otras opciones para evitar la nacionalización de Bankia, como su salida a bolsa o la toma de control por parte de un tercero.

Sin evidencia

Asimismo, asegura que estas misivas no «aportan evidencia» de que los funcionarios del organismo regulador o de la CNMV «participaran dolosamente por omisión» en el delito que se investiga.

En cuanto a la petición de llamar a declarar como testigos a la jefa de División de expedientes Sancionadores y Colaboración con los Órganos Judiciales del Banco de España, María Ortega Diego -para explicar por qué no constaban dichos correos en la información remitida al magistrado instructor- y a Casaus, el fiscal dice que es «innecesaria e inútil» porque provoca la dilación del procedimiento.

Asimismo, Luzón dice que no puede «filtrar» diligencias propuestas por otras partes y argumenta al respecto que el Banco de España sí remitió dichos correos acompañado de un oficio en el que se describía la información solicitada.

Por último, sobre la solicitud de que el Banco de España aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos entre Casaus y Comín y el resto de los miembros del Departamento de Supervisión del Banco de España -desde el 3 de diciembre de 2010 hasta el 18 de junio de 2012-, el representante del Ministerio Público subraya que pueden ser «miles» y que, por tanto, en el caso de que se acuerde esta diligencia, se debe introducir "un factor corrector de búsqueda".

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