El fiscal pide cinco años de cárcel para Rato por la salida a Bolsa de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para Rodrigo Rato, el exvicepresidente del Gobierno, por su responsabilidad en la salida a Bolsa de Bankia, entidad financiera que presidió entre 2010 y 2012 y que necesitó ser rescatada por el Estado con 22.424 millones de euros. El Ministerio Público acusa a Rato y a otros tres antiguos directivos de la entidad (José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) de falsear la información del folleto con el que Bankia saltó al parqué en julio 2011, un fraude que buscaba captar el mayor número posible de inversores, castigado en el artículo 282 del Código Penal.

El Ministerio Público ha dado marcha atrás respecto a sus tesis durante la investigación y ha pedido al juez instructor, Fernando Andreu, que archive la causa contra 33 antiguos consejeros de la entidad por el delito de falsedad de las cuentas anuales

, y que se cierre también la causa contra la propia Bankia y su matriz BFA, a pesar de que pueda exigírseles en el juicio una posible indemnización como responsables civiles. A José Luis Olivas el fiscal le pide cuatro años de prisión; a Norniella, tres; y a Verdú, dos años y siete meses.

«La información declarada fue incompleta, debido a la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad en la que se iba a llevar a cabo la inversión, al arrastrar controvertidos criterios contables que habían sido adoptados por las cajas de ahorro», asegura el fiscal Alejandro Luzón sobre el folleto informativo que la entidad aportó para que los inversores se lanzaran a comprar acciones, una operación en la que captaron unos 3.000 millones de euros entre inversores institucionales y, sobre todo, minoristas, a los que posteriormente la entidad devolvió la inversión.

No ve falsedad contable

Aun así, el fiscal descarta que exista un delito de falsedad contable, un crimen por el que fueron imputados los antiguos 34 consejeros de la entidad investigados en esta causa, un paso que rebaja el horizonte penal de todos ellos. Luzón argumenta que «la contabilidad de BFA/Bankia no puede calificarse materialmente de falsa en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron las exigencias del regulador, que llegó a autorizar expresamente algunas decisiones contables pero que no contribuyeron a que la imagen fiel de la entidad luciera adecuadamente». Por eso pide archivar las imputaciones por este delito.

El escrito de acusación de la Fiscalía, el paso previo a que el juez abra juicio oral, se desmarca de las tesis de los peritos judiciales que cuestionaron las cuentas de la entidad. El fiscal acepta las tesis de los acusados y asegura que Bankia disponía de 1.670 millones de euros, el 31 de marzo de 2011, como provisiones genéricas, una especia de hucha que hubiera permitido cubrir los deterioros detectados en la cartera crediticia de la entidad. Los peritos consideraron que estas provisiones no eran suficientes.

El riesgo que asumieron los pequeños inversores, algunos de ellos «depositantes y cuentacorrentistas» de la entidad, fue «extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil», puesto que la información del folleto no les advertía de los riesgos de su inversión «al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia». Los antiguos consejeros ocultaron la debilidad del proyecto.