El presidente de CEOE, Juan Rosell
El presidente de CEOE, Juan Rosell - EFE
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El error de no consultar y debatir

La negociación colectiva no podrá limitarse a establecer un máximo incremento salarial anual

Madrid Actualizado: Guardar
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Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, ha criticado duramente la filosofía del diálogo social en la negociación con los sindicatos por limitarse al tema salarial y obviar materias importantes como la competitividad y flexibilidad de las empresas. Personalmente opino lo mismo y así lo escribí en esta columna del pasado 26 de noviembre: «Estimo que la negociación colectiva no podrá limitarse a establecer un máximo de incremento salarial anual (...) o un incremento del sueldo mínimo, si no que debe tratar los temas importantes de absentismo, desigualdades, movilidad, prioridad del convenio de empresa, conciliación familiar y, por supuesto, pensiones...». Titulé mi columna «Vamos a negociar». En esta ocasión, a mi juicio, se ha cometido el error de no consultar ni debatir.

En las informaciones sobre la competencia fiscal entre países se omite a menudo un dato importante: el impuesto de Sociedades no es el único impuesto que pagamos los empresarios, ni siquiera el más importante. La presión fiscal es el total de impuestos que recauda el sector público en relación con el Producto Interior Bruto como acaba de recordar la CEOE. Para calcular la presión fiscal es necesario añadir al impuesto de Sociedades las cotizaciones sociales con cargo a las empresas, más los impuestos autonómicos y locales. Según el informe Paying Taxes que elaboran anualmente PwC y el Banco Mundial, España es el séptimo país de la UE donde las empresas soportan mayor carga tributaria sobre beneficios, con un tipo del 50%, frente a una media del 40,6%, es decir 9,4 puntos más que la media. El desglose del 50% es: 35,8% cotizaciones sociales, 13,3% sociedades y 0,9% otros impuestos.

La decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar una cumbre el día 23 de este mes de diciembre para preparar el referéndum sobre la independencia es simplemente un disparate, porque esa consulta sería ilegal e inconstitucional.

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