Continuidad y experiencia en el reparto de la política económica

Paralela a la carrera hacia los ministerios se corría un maratón de fondo por el control de toda la política económica y fiscal del nuevo Ejecutivo. Varios nombres — Luis de Guindos y Álvaro Nadal, por ejemplo— aspiraban a convertirse en el supervicepresidente económico del segundo Gobierno de Mariano Rajoy, pero este ha vuelto a zanjar el asunto con un reparto de funciones. Además de ese equilibrio de poderes el presidente ha buscado continuidad y perfiles experimentados ante las reformas que los cinco ministerios del ramo aún deben abordar para consolidar la recuperación económica del país. Se puede decir que dos han sido las máximas seguidas por Rajoy a la hora de designar a los responsables de Economía, de Hacienda, de Empleo, de Energía y de Fomento.

Para qué cambiar lo que ya funciona, y los experimentos, con gaseosa.

Algunas de las fuentes consultadas apuntan eso sí a que, a pesar de esa búsqueda de la armonía, Álvaro Nadal obtiene cierta ventaja. El que dirigiera la política económica en la anterior legislatura efectiva desde la Oficina de la Moncloa asume ahora un tema espinoso como el de Energía. No sólo eso: su nuevo ministerio da entidad propia también a la Agenda Digital, una suerte de título genérico que podría esconder asuntos trascendentes como el reparto de las frecuencias del espectro radioeléctrico y las licencias de televisión —otro tema no exento de polémicas—, la economía colaborativa (Uber, Airbnb...) y la relación con los gigantes de Internet (Google, Amazon...). Nadal llega a este ministerio de nueva creación con otro encargo: maximizar el dinero obtenido con la subasta de las citadas frecuencias para el despliegue del 5G y otras posibles enajenaciones de activos públicos con las que aliviar el peso de la deuda pública.

Se había especulado con que Fátima Báñez podría dejar el Ministerio de Empleo para encargarse de otro de nueva creación sobre Asuntos Sociales. Sin embargo, Rajoy ha decidido mantener al frente de este área a la ministra que no solo sacó adelante y defendió la tan criticada reforma laboral, sino que soportó meses de destrucción de empleo hasta que esas medidas comenzaron a dar sus frutos. Su carácter dialogante ha sido también muy valorado de cara a una más que posible negociación con oposición y sindicatos de las normas del mercado de trabajo y la búsqueda de una gran pacto por las pensiones.

Una de las dudas que se dirimían con la formación del nuevo Gobierno era si Rajoy decantaría más la balanza para De Guindos o para Montoro. En una clásica decisión salomónica, el presidente ha optado por el empate técnico. De Guindos gana una cartera con menor contenido que antaño, Industria, mientras que Montoro pierde Administraciones Públicas, si bien conserva todas las competencias económicas de la misma. Mientras Soraya Sáenz de Santamaría asume la parte política de coordinar las competencias territoriales, el jienense seguirá controlando el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, tutelando los mecanismos de liquidez autonómicos y presidiendo los Consejos de Política Fiscal y Financiera con los barones regionales. Y aún más importante, afrontará la reforma de la financiación autonómica, un espinoso melón que ahora Hacienda deberá abrir con el conflicto con Cataluña de telón de fondo y que reordenará los impuestos regionales y locales.

De esta forma, Rajoy ha querido premiar la fidelidad de Montoro y su trabajo reduciendo el déficit de las administraciones. Las arcas públicas siguen bajo su tutela, pese a los pocos amigos que se ha granjeado estos años. El ministro deberá trabajar desde hoy en la elaboración de unos Presupuestos para 2017. Las cuentas deberán incluir un ajuste de 5.500 millones que deberá contentar a Bruselas y a la oposición, todo un trágala para Montoro.

Luis de Guindos, gran artífice de la reforma financiera que ha servido de base para la recuperación económica del país, suma ahora a sus competencias la agenda industrial, que abarca sobre todo al potente sector del automóvil. Quizá esperase algo más, sobre todo después de haber sido quien negoció ante la Comisión Europea y la inflexible Alemania que España no fuese multada por el incumplimiento de los objetivos de déficit. Por cómo se maneja con los socios comunitarios seguirá siendo el hombre fuerte del Ejecutivo popular en Bruselas, de donde siguen llegando más que recomendaciones de por dónde deberían ir las grandes reformas estructurales. El gran desafío del ministro de Economía es ahora completar la privatización de Bankia y BMN, pero también profundizar en reformas como la unidad de mercado y la liberalización de los servicios y colegios profesionales. A ello sumará lo que quedará en el ramo de Industria, básicamente todo lo relacionado con el tejido productivo del país, empezando por las pymes.

Íñigo de la Serna, uno de los nuevos rostros del Ejecutivo, tendrá como bautismo al frente del Ministerio de Fomento la espinosa cuestión de la liquidación de las autopistas de peaje en concurso de acreedores y su explotación por medio de una sociedad pública, una «patata caliente» que se ha ido postergando desde los últimos años de la Administración de Rodríguez Zapatero y que amenaza con suponer una factura de hasta 5.000 millones de euros para las arcas públicas. El procedimiento está pendiente de que el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid se pronuncie en las próximas semanas sobre la fecha en que el Estado debe asumir su gestión. Las exigencias de Bruselas de consolidación presupuestaria obligarán a moderar, un año más, la inversión pública y a buscar mecanismos alternativos de financiación. De la Serna, gran conocedor del concepto de «smartcities» (ciudades inteligentes) y de la colaboración público privada, se perfila como una figura serena y de talante negociador cuyo principal cometido será afianzar la imagen del sector español de infraestructuras como país garante de la estabilidad jurídica y, por tanto, como destino de inversión.