La comisión de investigación bancaria está presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas
La comisión de investigación bancaria está presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas - JAIME GARCÍA

La comisión que investigará el origen de la crisis financiera se activará la próxima semana

El Congreso aprobó el 22 de febrero por unanimidad la creación de este órgano solicitado por todas las formaciones

MADRID Actualizado: Guardar
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La Comisión de Investigación del Congreso que analizará el origen de la crisis financiera, desde 2000 hasta 2015, así como el rescate bancario, se activará previsiblemente el próximo jueves y comenzará con un plan de trabajo a partir de la segunda semana de junio.

Fuentes de la comisión parlamentaria han explicado que el 1 de septiembre está prevista una reunión de la Mesa y Portavoces que decidirá el día de la siguiente semana en el que se reunirá la comisión para aprobar un calendario de trabajo y de posibles comparecencias.

La comisión de investigación bancaria, presidida por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se constituyó el 11 de mayo y según acordaron todos los grupos parlamentarios debería tener lista unas conclusiones en un plazo seis meses, en noviembre, aunque los trabajos también podrían prorrogarse.

Esta comisión analizará la crisis financiera desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta 2015, con lo que contemplará las legislaturas de los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

El Congreso aprobó el 22 de febrero por unanimidad la creación de este órgano solicitado por todas las formaciones.

La comisión también tiene entre sus objetivos evaluar las medidas a adoptar para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas de Estado (como son Bankia y BMN), con el fin de obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.

Asimismo, pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estaría vinculado a la nueva Ley Hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.

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