La CNMC lleva al Supremo a Energía por «apropiarse» de algunas competencias
El organismo regulador exige la potestad para determinar los precios de la electricidad y del gas
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el real decreto 903/2017, por el que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital asumía funciones que hasta la fecha correspondían al regulador, entre ellas las liquidaciones del sistema eléctrico, según ha informado el organismo.
Este paso, que judicializa así el enfrentamiento abierto entre el organismo presidido por José María Marín y el departamento que dirige Álvaro Nadal, se produce después de que el Ministerio de Energía respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que diera marcha atrás.
La CNMC considera que, con este recurso, se alinea con los preceptos de la Comisión Europea , que defiende conceder mayores competencias a los organismos supervisores independientes, en lugar de que estén en manos de los propios gobiernos.
El real decreto 903/2017, aprobado el pasado mes de octubre, contempla que el Ministerio pasa a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC, como las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones. En el fondo, la pelea se centra en la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos, la parte regulada del recibo de la luz.
Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.
En septiembre de 2016, Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar , por las competencias en esta materia. Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.
