La CEOE propone construir 150.000 viviendas al año para crear 500.000 puestos de trabajo

El sector de la vivienda se recupera, si se observan tanto los indicadores de compraventa como de visados de obra nueva. Sin embargo, los niveles resultan aún muy inferiores a los previos a la crisis y a los de la media de los países europeos. El mercado avanza, pero mantiene desequilibrios que se remontan a los años en que se construían 800.000 inmuebles anuales: hoy ni siquiera alcanza una décima parte (50.000 unidades). La CEOE ha publicado el informe «El sector inmobiliario: propuesta para la recuperación» en el que recomienda no posponer la construcción de nuevas viviendas a la espera de que se drene por completo el «stock» de inmuebles sin vender procedentes de la época del «boom».

En este sentido, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, recordó la heterogeneidad de este remanente, puesto que aunque en algunas zonas del país se ha consumido casi al 100%, en otras «tardará años en absorberse o no lo hará nunca».

Para responder a la «demanda solvente» y de generación de hogares ya existente en España, la patronal ha recomendado realizar modificaciones regulatorias, con el fin de armonizar la legislación urbanística y rebajar la carga fiscal que soportan las promociones y la compra de vivienda, así como adoptar nuevos mecanismos de financiación e incorporar herramientas como el «crowdfunding». En el documento, de una veintena de páginas, figura como propósito alcanzar las 150.000 viviendas iniciadas al año, una cifra que permitiría al sector español situarse en las ratios de los países del entorno y generar 500.000 puestos de trabajo «de una forma sostenida».

«No se recuperarán los niveles razonables de empleo hasta que el sector tenga una actividad lógica», destacó Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Gómez-Pintado hizo hincapié en que el precio final de los inmuebles viene determinado en un

75% por los costes ajenos a la construcción. Por tanto, señaló, resulta imprescindible que las diversas administraciones ligadas al sector también dediquen «esfuerzos» para facilitar el acceso de los demandantes de vivienda, especialmente a los más jóvenes, sentando las bases para que se puedan destinar al mercado inmuebles «asequibles». Preguntado por si la incertidumbre política se ha reflejado en una ralentización de la compraventa, el principal responsable de la asociación destacó que el sector no ha perdido su «inercia» positiva.

El presidente de la organización que agrupa a los promotores también se refirió al «stock» de vivienda sin vender, que según los analistas se sitúa entre las 300.000 y 500.000 viviendas nuevas terminadas. «En Madrid a principios de año se alcanzó un stock técnico. El remanente se agota, igualmente, en Barcelona y País Vasco. Sin embargo, en zonas como Málaga, después de siete años el stock se ha quedado obsoleto, por lo que en algunos casos se tendrá que derribar parte de este excedente», recalcó.

Fin a las duplicidades

Entre la batería de medidas para acercar la oferta al perfil «millennial que en un 80% de los casos aún no se ha emancipado», las organizaciones reclaman una «revisión profunda» de los marcos regulatorios que ponga fin a la «enorme heterogeneidad» de normas urbanísticas autonómicas (100) y ordenanzas municipales (5.000), frecuente origen de «duplicidades, plazos incumplibles y procedimientos inexplicables». Por ello, consideran prioritario la aprobación de una «Ley de Armonización de la Normativa Urbanística o, en su defecto, un programa de armonización» consensuado con la patronal.

Las patronales exigen, asimismo, un tratamiento fiscal más beneficioso en el caso de la vivienda, ya que las cargas tributarias representa el 25 % de su precio final, así como fomentar las líneas de financiación alternativas a la banca para las promotoras, por medio de instrumentos como el «crowdfunding», la financiación a través de un fideicomiso o captar capitales en los mercados bursátiles (MAB y MARF).

La CEOE también pide «liberalizar» parte del suelo destinado a vivienda protegida o que este se «adapte» a la «realidad» de la demanda actual, algo que pasaría por «eliminar el requisito de acceso de no ser titular» de una segunda vivienda en el territorio nacional y «homogeneizar los ingresos máximos que limitan» la compra de estos inmuebles. Y para dar salida a los pisos protegidos que no encuentran comprador, proponen que durante el plazo máximo de tres años se puedan descalificar estas viviendas, «siempre que hayan transcurrido seis meses desde su calificación definitiva».