Economía

La CEOE avisa al Gobierno de que la solvencia de la gran empresa peligra por el adelanto de Sociedades

Juan Rosell envió ayer sendas cartas a Montoro y Guindos en las que pide que no se adopten medidas sin consultarles

Juan Rosell, presidente de la CEOE
Juan Rosell, presidente de la CEOE - EFE

La intención del Gobierno de acelerar la tramitación del decreto ley para que las grandes empresas anticipen el Impuesto de Sociedades este año, el próximo mes incluso, ha alertado a las grandes empresas, temerosas del impacto en sus cuentas de resultados. La CEOE envió ayer sendas cartas a los ministros de Economía y Hacienda en funciones, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, respectivamente, en las que su presidente, Juan Rosell, transmite la inquietud empresarial por la medida y pide al Ejecutivo que no adopte nada «sin consultar con los principales afectados».

Como ya informó este periódico, el Ejecutivo quiere reinstaurar en octubre el tipo mínimo que soportaban las compañías que facturan más de 20 millones de euros en sus pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para ingresar este año 6.000 millones de euros. Las empresas dividen el pago de Sociedades en abril, octubre y diciembre, por lo que si el decreto-ley se aprueba hasta el 30 de septiembre, las firmas afectadas deberían desembolsar ya en el pago del próximo mes una cantidad que podría alcanzar entre 3.000 y 4.000 millones, lo que permitiría corregir las cifras del déficit público.

La patronal que dirige Juan Rosell transmite al Ejecutivo en sus misivas la «lógica inquietud de las empresas por conocer si, efectivamente, se va a implantar dicha medida y, en su caso, cuando se va a producir». Explica la CEOE que «este anticipo del Impuesto no estaba previsto en las estimaciones de tesorería de las empresas afectadas por lo que incrementará sus necesidades de financiación, pudiendo comprometer su solvencia en algunos casos». Como señalan despachos de abogados y asesores, la medida supondría que algunas empresas se endeudaran y pidieran préstamos para poder pagar el adelanto del impuesto. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha recordado en alguna ocasión que las grandes empresas se endeudan con tipos que están en mínimos históricos.

La organización empresarial afirma que el anuncio de la medida «ya ha llamado la atención de las agencias de rating, que están solicitando información a las empresas sobre el impacto de la medida en su solvencia a corto plazo». Una situación que «podría suponer en algún caso una revisión de la calificación crediticia concedida», avisa.

Por todo ello, Rosell reclama al Gobierno que pare cualquier iniciativa. «Te solicitamos que se clarifique esta medida teniendo en cuenta que supone un imprevisto para las empresas afectadas que surge a finales de año, donde es más difícil de encajar y, en todo caso, que no se adopte sin consultar antes con los principales afectados, ni de manera inmediata, sino concediendo el tiempo suficiente para permitir a las empresas afectadas la necesaria adaptación».

El Gobierno ya tiene preparado el decreto ley para su aprobación este mes. Un Ejecutivo en funciones puede aprobar un decreto ley siempre que se acredite su urgencia. Y si no aprueba la norma, España incumplirá este año el objetivo de déficit establecido por Bruselas, del 4,6% del PIB este año, con lo que se arriesgaría a recibir la multa que hace unos meses esquivó por poco.

Guiño a Bruselas

La adopción de la medida este mes también transmitiría un mensaje de tranquilidad a la UE, preocupada por la interinidad del Gobierno y la falta de reformas ante el descontrol del déficit. Una situación que se agrava después de que el Ejecutivo le comunicara que no le entregará plan presupuestario alguno para el 15 de octubre, fecha marcada en rojo por la Comisión Europea para que los estados le remitan sus cuentas para 2017.

Los plazos corren y restan solo quince días para acabar el mes. El Ejecutivo prevé aprobar el decreto ley en Consejo de Ministros próximamente. Siempre que el decreto ley, tras la aprobación del Ejecutivo, se publique en el BOE antes del 30 de septiembre, la medida entrará en vigor para el pago fraccionado de las grandes empresas de octubre. El Congreso de los Diputados, no obstante, tiene que convalidarlo en un plazo máximo de 30 días y el Gobierno necesitaría contar con los apoyos políticos necesarios ya que, si no, la norma se deroga, como recoge el artículo 86 de la Constitución.

En principio, el decreto tiene el apoyo de Ciudadanos, ya que el adelanto de Sociedades estaba dentro del pacto que el PP firmó con la formación naranja hace unas semanas. Al ser un decreto-ley y tener que convalidarlo, las fuerzas políticas no pueden introducir enmiendas sino solo votar a favor o en contra. A la vista de sus programas electorales, PSOE y Podemos podrían apoyar también la medida, pero está por ver su voto a la espera de la letra pequeña del decreto.

Mientras tanto, las empresas escudriñan los movimientos del Ejecutivo para planificar sus balances. Si el Gobierno no llegara a aprobar el adelanto de Sociedades para el siguiente pago de octubre, las empresas deberían desembolsar 6.000 millones de golpe en diciembre.

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