Economía

Las autopistas radiales seguirán abiertas al tráfico

El juez de lo mercantil número 6 de Madrid deja sin efecto el cese de la explotación de las autopistas radiales R-3 y R-5, un tramo de la M-50 y la circunvalación a Alicante

Vista de la R-2, la autopista de peaje que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M40 y Guadalajara
Vista de la R-2, la autopista de peaje que discurre a lo largo de 62 kilómetros entre la M40 y Guadalajara - EFE

El juez Francisco Javier Vaquer ha accedido a la petición del Gobierno para mantener abiertas al tráfico las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como un tramo de la M-50 y la circunvalación a Alicante, abocadas a la liquidación. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha dejado sin efecto el cese de la actividad de las concesionarias en quiebra, Accesos de Madrid (participada por Abertis y Sacyr) y Ciralsa (ACS y Abertis).

Sin embargo, esta decisión no es definitiva: se espera que en los próximos meses se dé a conocer un nuevo auto con el plan de liquidación de estas concesionarias, en el que se especificará una nueva fecha para que el Ministerio de Fomento asuma su gestión. El propósito del Ejecutivo es prorrogar las concesiones hasta julio de 2017.

El departamento dirigido por Rafael Catalá se ha comprometido a adquirir el control de las autopistas en quiebra ante su inviabilidad económica, pero solicitó un plazo de 9 meses para que la transición se llevara a cabo de un modo «cabal».

Vaquer subraya, no obstante, que demorar el cese de la actividad de estas sociedades concesionarias generará daños en los acreedores, tanto en el caso de las entidades financieras que sufragaron las obras como en las garantías ligadas a estas autopistas, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, RPA. Reconoce, pese a todo, que el compromiso de Fomento de asumir las obras representa «indudables ventajas económicas y concursales» respecto a extinción de dichas vías de pago.

Otro de los asuntos pendientes es el pago de la RPA, por la que el Estado deberá asumir el coste económico de la quiebra de estas concesionarias. Seopan, la patronal de las principales constructoras, cuantifican el importe de la RPA y los costes judiciales en más de 8.000 millones de euros.

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