Alemania pone coto a las huelgas salvajes

El Tribunal Constitucional alemán ha emitido este martes por la mañana una sentencia que respalda la reforma aprobada por el gobierno de Merkel para poner coto a las huelgas salvajes y que afecta especialmente a trabajadores de sectores de servicios públicos como pilotos, médicos o maquinistas de trenes. El tribunal rechaza las demandas presentadas por varios sindicatos que consideraban un recorte al derecho a la huelga, que ampara la Constitución alemana, aunque establece ciertas condiciones para la aplicación de la nueva normativa.

La denominada Tarifeinheitsgesetz (Ley de Negociación Unitaria), redactada por el Ministerio de Trabajo, durante esta última legislatura de gran coalición en manos del Partido Socialdemócrata, es una de las disposiciones más controvertidas de los últimos años y establece, por ejemplo, que en las futuras negociaciones de tarifas salariales y cuando no haya acuerdo total entre los diversos sindicatos, la empresa estará obligada a llegar a acuerdos solamente con los dos sindicatos con más miembros en la plantilla.

Los sindicatos más débiles pueden sumarse al acuerdo con firmas posteriores. El gobierno trata de esta manera de evitar la competencia de los sindicatos entre sí, añadiendo exigencias cada vez mayores.

Pero el principal motivo de queja por el que los sindicatos habían acudido al Constitucional era un recorte del derecho de huelga, que consideran claramente erosionado por la nueva concesión de poderes al legislador para crear estructuras “que produzcan un justo equilibrio entre los intereses de todos los empleados de la compañía”, en palabras del vicepresidente de la sala Ferdinand Kirchhof, de manera que los intereses de pequeños grupos profesionales como pilotos o médicos de hospital “no dejen de lado” los intereses generales de la compañía y por tanto del resto de los trabajadores.

Sólo el pasado invierno, los pilotos de Lufthansa unidos en el sindicato sindicato Vereinigung Cockpit (VC) dejaron en tierra a más de medio millón de pasajeros, creando una situación de caos aéreo en toda Europa y causando a la compañía daños de conjunto que superan los mil millones de euros, exigiendo aumentos salariales del 22% frente al 4,4% que les ofrecía la empresa. El sindicato de servicios públicos Verdi también ha llevado a la huelga a controladores aéreos y funcionarios de la Administración, llevando a Alemania a situaciones de parálisis que la reforma de la ley pretende evitar en el futuro. La ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles, ha defendido que esta ley “preserva la unidad de negociación y fortalece la solidaridad y la función de los sindicatos”, además de asegurar que “beneficiará al conjunto de los trabajadores”. Pero trabajadores como Ver.di, el sindicato de los profesores y trabajadores del sector educativo (GEW), el sindicato de los maquinistas (GDL), el sindicato anarco-sindicalista (FAU), así como grupos de la izquierda sindical se han opuesto a la reforma.

El proyecto legal inicial fue elaborado ya en 2011 por la federación empresarial (BDA) y el DGB pero posteriormente fue dejado atrás a la espera de una constelación de opinión pública más favorable, que han propiciado sin duda las últimas “huelgas salvajes”, según se referían a ellas los periódicos alemanes.

El Tribunal Constitucional avala la necesidad de avisar las huelgas cuatro días antes en el caso de sectores “estratégicos” (como en hospitales, colegios, etc.) y de tener cierto porcentaje de personal trabajando.

Hay sindicatos que, al diferencia de los anteriormente citados, no han planteado gran oposición al proyecto, como los industriales del sector metalúrgico (IG-Metall, el sindicato industrial más grande del mundo), el sindicato de la minería, química y energía (IG-BCE), el sindicato de la construcción (IG-BAU), el sindicato oficialista de los ferrocarriles (EVG) y el “ sindicato” de la policía (GDP). Los primeros tres tienen tasas de afiliaciones muy altas y ven la reforma como la oportunidad de debilitar a sus competidores. Los responsables del IG-Metall han llegado incluso a impedir a sus afiliados rechazar el proyecto públicamente, lo que suscitó en su momento fuertes críticas dentro de su base.

Entre los sindicatos que se ha opuesto a la ley, hay que diferenciar matices importantes. La central sindical oficialista del DGB tal como la más pequeña federación de sindicatos “funcionarios” DBB, rechazaron en principio el proyecto pero no han organizado ningún tipo de resistencia. El DGB incluso participó de la elaboración del proyecto en 2011, aunque tuvo que cambiar de postura después de su congreso en 2014. El caso del DBB es especial porque está dirigido políticamente hacia los democristianos y al mismo tiempo representa al sector más afectado por esta ley. Los sindicatos de la alimentación (NGG), de los profesores y trabajadores de la educación (GEW) y el sindicato del servicio (ver.di), este último no supera el 10% de afiliación, son los que han recurrido.

La reforma pasó por el Consejo Federal (compuesto por los presidentes de los distintos Länder y en el proceso también hubo posturas controvertidas. Aunque el partido Die Linke (La izquierda) estaba oficialmente en contra, el presidente de Thuringia, Bodo Ramelow, que gobierna en coalición con los socialdemócratas (SPD), se abstuvo y no votó en contra, “respetando a su socio de coalición”.