Alemania, contra el «dumping» en el impuesto de Sociedades

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha reaccionado con indignación ante la posibilidad de que el Gobierno británico aborde una posible rebaja del impuesto de sociedades desde el 20% hasta el 17%, o incluso el 15%, y recordó que el país dirigido por Theresa May sigue siendo todavía parte de la UE. Señaló también que, aunque abandonase la UE, Reino Unido seguirá estando ligado a los acuerdos del G-20, que en la cumbre de Antalya acordó expresamente evitar medidas de ese tipo. “Si son gente decente, respetarán ese acuerdo”, increpó el ministro alemán, consciente de la jugada económica de dumping fiscal para captar inversión internacional con la que coquetean tanto Theresa May como Donald Trump. Ante la negativa de Alemania de cuartear las cuatro libertades que son condición para acceder al mercado único, de las que Londres desea separar la libertad de movimientos, May está jugando al ataque.

Bruselas, mientras tanto, trabaja por una armonización que impida que el impuesto de sociedades termine convertido en un arma arrojadiza entre países miembros.

A raíz del caso Apple, la Comisión Europea trabaja en un proyecto de armonización de la base imponible del impuesto de sociedades, con el objetivo puesto en las empresas que facturan más de 750 millones de euros al año. La normativa no fijaría el tipo de Sociedades de cada país, aunque a día de hoy existe una diferencia notable entre países como Irlanda -teóricamente al 12,5%- u otros como España o Alemania, en torno al 25%o el 30%. No se trataría de establecer un tipo mínimo, sino de fijar determinados criterios de tributación obligatorios para esas empresas, así como sobre las partidas deducibles. Las autoridades europeas se plantean esta normativa como una clave para recuperar la credibilidad de los ciudadanos, y la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, considera “muy necesario que los países europeos nos movamos todos a una”. En Bruselas se calcular que un acuerdo de este tipo, que podría empezar a aplicarse en 2020, impulsaría un 3,1% la inversión y aumentaría un 0,4% el empleo, aunque la opacidad sobre estos cálculos les resta peso.

El informe de impacto país que maneja la Comisión Europea ya advierte que los beneficios no serán iguales para todos, como es el caso de España, que dejaría de ingresar 6.000 millones en el impuesto de sociedades, aunque obtendría una recaudación extra de 4.000 millones por partidas como impuestos sobre el trabajo (3.000 millones), sobre el consumo (300 millones); bonos y dividendos (500 millones) e impuestos sobre las ganancias de capital (200 millones).