El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá - EFE

La Airef critica que los objetivos de déficit benefician a regiones y municipios a un año de las elecciones

El organismo sugiere que se exija una meta de superávit a los municipios

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El reparto de los objetivos de déficit entre administraciones es “inadecuado" pese a que es factible que se cumpla la meta agregada de un 2,2% del PIB este año. Así lo ha denunciado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. El principal elemento de crítica de la institución es que los ayuntamientos tienen un superávit de más de 6.000 millones que volverán a repetir este año, pese a la flexibilización de la regla de gasto para elevar en mil millones (200 millones este año, 800 el siguiente) las inversiones financieramente sostenibles. Una medida que beneficiará mucho a los ayuntamientos grandes pero menos a los pequeños y medianos, según Escrivá.

Sin embargo el objetivo de las corporaciones locales es el equilibrio presupuestario, aún si desde 2012 tienen superávit. Pese a que el Ministerio de Hacienda esgrime que la Ley de Estabilidad impide aprobar una meta de superávit y proyecta su propio ajuste teniendo en cuenta el excedente local, Escrivá ha contradecido está versión. “La Ley exige equilibrio o superávit a las corporaciones locales", ha apuntado, para añadir que mientras 300.000 personas no pueden acceder a los fondos de dependencia de las comunidades autónomas por 3.000 millones de falta de recursos de estas, los municipios tienen un colchón de 7.000 millones.

La razón es que sus ingresos son más estables: el mejor ejemplo es la recaudación por Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pese al estallido de la burbuja inmobiliaria, nunca ha dejado de crecer en ningún año de la crisis. A ello se le añade que, pese a que las comunidades autónomas tuvieron un deficit del 0,3% del PIB, su objetivo este año es del 0,4% “muy holgado", de una décima más. Solo cumpliendo la regla de gasto, que fija un alza máxima del desembolso del 2,4% este año, acabarán con un agujero del 0,2%.

Por ello, el Estado y la Seguridad Social tienen objetivos “improbables" de cumplir. La Administración Central cuenta con una meta del 0,7%, si bien el año pasado acabó en el 1,7% y la Airef proyecta que cerrará 2018 en el 1,3% incluyendo dos décimas del rescate de las autopistas. Para la Seguridad Social las estimaciones de la Airef son del 1,5% del PIB (mismo nivel en el que acabó 2017), si bien su meta es el 1,1%. Hacienda siempre toma en cuenta el superávit de las corporaciones locales para ajustar su déficit y encajarlo en el dato global.

En definitiva, seguir este año en el Procedimiento de Deficit Excesivo (PDE), el brazo corrector de Bruselas que prima la reducción del déficit si está por encima del 3%, beneficiará a municipios y comunidades, que podrán gastar con mayor margen a un año de las urnas. El año pasado se cerró con un agujero del 3,07%, por lo que se seguirá en el PDE un año más por escasas siete centésimas. Escrivá ha aseverado que si se hubiera salido al lado preventivo del control europeo, el ajuste sería mayor porque se aplicaría con mayor rigor la regla de gasto europea, más restrictiva que la española por factores como que prioriza la reducción de la deuda cuando está muy alta (el límite europeo es 60% del PIB, España tiene un 98,3%) y que restringe a sectores que en España se quedan fuera como la Seguridad Social.

La regla de gasto aumenta su nivel de exigencia cuando las administraciones dejan de tener déficit y empiezan a cosechar superávit y permite ir bajando la deuda y preparar la situación para crisis futuras. La regla española permite un aumento de gasto del 2,4%, la norma europea baja este tope al 0,8%. Con la aplicación de la regla de gasto nacional la reducción de déficit será de 0,3 puntos del PIB en 2018 mientras que el resto vendrá del ciclo económico. Con la europea hubiera sido de 1,2 puntos: unos 12.000 millones más de ajuste.

Por tanto, aplicar la regla de gasto europea sería más exigente, sobre todo, para las administraciones con menor déficit, es decir, ayuntamientos y comunidades autónomas que a un año de las elecciones no tendrán que ajustar con tanto ahínco al seguir un año más bajo la tutela del déficit continental. Máxime cuando podrán reinvertir su superávit con mayor holgura tras la flexibilización aprobada por el Gobierno. Banco de España y FMI han alertado de que España tiene el desafío de cuadrar sus cuentas en época electoral: en los últimos diez años, cuando ha habido urnas, se ha incumplido el déficit.

Junto a ello, Escrivá ha calificado de "factible pero exigente" cumplir el 2,2% de objetivo de déficit. El escenario central de la Airef es que se cierre con un agujero del 2,3%, a lo que se añadirían dos décimas más por el rescate de las autopistas de peaje, si bien estas no computan de cara al marcaje europeo. Escrivá ha alabado que las previsiones de ingresos y cotizaciones de los Presupuestos Generales de 2018 previsiblemente se cumplirán, pese a lo que ocurría en anteriores legislaturas.

El gasto en pensiones es «manejable»

Junto a ello, el presidente de la Autoridad Fiscal ha pedido no «angustiar» a la población mensajes catástrofistas sobre el futuro de las pensiones, ya que ve «manejable» el aumento del futuro gasto en pensiones, en contra de la «soberbia agnóstica» que presumen algunos. La Airef calcula que vincular las pensiones al IPC supondría elevar siete décimas de PIB el desembolso para 2023, mientras que si se alarga hasta 2030 sería entre 1,2 y 1,3 puntos.

Por ello ha arremetido contra las previsiones pesimistas sobre este tema que se han publicado, sobre todo porque no toman en cuenta previsiones demográficas sin tomar en cuenta políticas sobre natalidad o flujos migratorios.