El abogado de Blesa defiende que Bankia manipuló los gastos con las «black» y la prueba no es válida

La Fiscalía Anticorrupción, el FROB, BFA-Bankia y la CIC han llegado al final del juicio por las tarjetas "black" de Caja Madrid y Bankia con la convicción de que ese sistema de Visas era opaco e ilegal. Las acusaciones atribuyen los delitos de administración desleal y apropiación indebida a los 65 exdirectivos del grupo que cargaron a la entidad 12,5 millones de euros en gastos personales como viajes, restaurantes de lujo y ropa, tal y como figura en la hoja de cálculo Excel, principal prueba del caso. "No existe prueba legítima de cargo; no es que sea una prueba raquítica, es que no tiene consistencia jurídica, está manipulada", ha dicho Carlos Aguilar, el abogado defensor del expresidente del banco Miguel Blesa, para el que el Ministerio Público solicita seis años de prisión.

"La prueba no tiene las garantías necesarias", ha dicho en esa línea pero sin acusar de manipulación Ignacio Ayala, el abogado defensor del otro expresidente acusado, Rodrigo Rato, quien ha criticado que el volcado de ese informático no ha sido hecho con la acreditación de algún órgano competente. Este también ha reprochado a la acusación que haya invocado determinador documentos sin aportarlos, o presentar algunos que son, ha dicho, "meras fotocopias".

"Juicio público"

La principal estrategia de defensa de los acusados ha sido desde el principio del juicio tratar de invalidar ese archivo Excel, aportado a la causa por la actual dirección de Bankia y el FROB, como prueba. En esa hoja de cálculo aparece el detalle de los gastos –fecha, concepto e importe– hechos por cada uno de los imputados entre 2003 y 2012. Las defensas esgrimen que no existen justificantes de esos gastos y por tanto ponen en duda sub contabilidad. "Para acreditar que lo que aparece en la contabilidad es cierto se requiere un soporte documental. El Excel es solo la manipulación o recreación informática de la contabilidad", ha dicho Aguilar durante la vista en la Audiencia Nacional, muy duro en ese punto con Bankia y el FROB.

"Quien haya ordenado que esto se ponga en marcha ha decidido los hechos que se van a judicializar", ha dicho, criticando que lo primero que se filtrase a la opinión pública sobre esas tarjetas fuese el detalle de los gastos de cada usuario, y que incluye cargos en joyerías, grandes almacenes, discotecas, alcohol y lencería. "Desde un punto de pista de la opinión pública estas personas han quedado laminadas no ya por un juicio previo sino por una condena previa", ha insistido el letrado, quien ha comparado el proceso con lo que hacía la Reina de Corazones en Alicia en el País de las Maravillas: "Que les corten la cabeza, ya tendremos tiempo después de juzgarlos".

El abogado lamentó en este sentido que los acusados "han visto arruinada su vida porque prácticamente todos se han visto obligados a dejar su actividad profesional por este proceso". Cabe recordar que el Ministerio Público recordó en su día el interés público en este caso por cuanto Bankia recibió 22.424 millones de euros en ayudas públicas en 2012. "Ne podemos juzgar el asunto de estas tarjetas mezclándolo con la crisis de Bankia", ha pedido Aguilar. Al respecto, el abogado de Rato ha pedido por su parte que no se haga un "jucio moral" de "una época, un modelo y un concepto" y que se juzgue a cada unop de los 65 acusados de forma individualizada.

La actual dirección de Bankia ya probó en sesiones anteriores la veracidad de esa hoja; el director corporativo de estrategia e innovación tecnológica del banco, Ignacio Cea, que declaró en la vista como testigo, entregó a la Sala un CD con la información de los gastos y un certificado de Visa, empresa emisora de tarjetas. Además, las acusaciones han explicado que si no existe soporte documental de esos gastos es precisamente porque eran tarjetas fuera del cauce legal de la entidad y que no se justificaban debidamente.

De hecho, la mayor parte de los acusados han esgrimido que esas tarjetas no se usaban para gastos de empresa sino que eran un instrumento de liquidez del salario y por tanto de libre disposición y sin necesidad de justificarlo. Las defensas, que desde este viernes están pondiendo a los informes finales de acusación, insisten también en que esas Visas era un sistema instaurado en la caja desde 1988 y conocido públicamente; en definitiva, una suerte de práctica habitua. Sin embargo, las acusaciones han centrado la lectura de sus informes los pasados lunes y miércoles en las incoherencias de esos argumentos.