Los consejeros cargaban a las tarjetas «hasta la compra en Mercadona y el Corte Inglés»

Los fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol han comprobado que los gastos cargados a las tarjetas opacas de Caja Madrid no tienen justificación posible. Según las fuentes consultadas por ABC, consejeros de la entidad financiera alegan en su defensa que las tarjetas se utilizaban para cubrir gastos de su actividad profesional, como desplazamientos y comidas, pero los asientos contables desmontan esa versión.

Algunos consejeros usaban la tarjeta B de la Caja «hasta para hacer la compra en Mercadona y en El Corte Inglés», según sostienen fuentes de la investigación.

Se trata, tal y como apunta Anticorrupción, de «gastos personales», incluida ropa, además de retiradas de efectivo en cajeros sin ninguna justificación. Esto significa que estamos ante «sueldos encubiertos»

. Los consejeros se beneficiaron de más de quince millones de euros entre 2003 y 2012 por los que no declararon ni un euro a Hacienda. Dado que las tarjetas costeaban «gastos claramente privados», según fuentes de Anticorrupción, los miembros del Consejo de Caja Madrid deberían haber declarado esas cantidades, que tributan vía IRPF, como el salario de cualquier trabajador. Al no haberlo hecho, ase exponen a una sanción de la Agencia Tributaria. De hecho, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) urgieron ayer a la AEAT a que inicie una inspección tributaria por el IRPF de 2010 a 2012 (los ejercicios anteriores ya han prescrito) a los exconsejeros de la caja para evitar que presenten declaraciones voluntarias y eludan la multa.

En este caso se trataría de una sanción administrativa, ya que para que se tipifique como delito la cuota defraudada debe superar los 120.000 euros anuales. Los consejeros no llegan a ese umbral, pero la entidad sí. Según explicaron los técnicos de Hacienda en un comunicado, Caja Madrid tendría que haber ingresado las retenciones correspondientes en la Agencia Tributaria durante los ejercicios en los que se produjeron estos hechos, y esas cuantías sí superan ampliamente los 120.000 euros anuales. En el caso concreto de Bankia, se podría haber cometido fraude tributario si las rentenciones no hubieran sido practicadas ni ingresadas en los años 2011 y 2012.

Ahora, el siguiente paso en la investigación es el informe pericial que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu solicitó ayer al Banco de España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro preguntó a la entidad de control si los exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia cometieron delitos de administración desleal y delito societario en el uso de las «tarjetas B». Más difícil será imputarles un delito de apropiación indebida, ya que los usarios de las tarjetas contaban con autorización de la entidad y la «creencia subjetiva» de que lo que hacían era «correcto», según la auditoría interna que encargó Bankia el pasado junio, bajo la batuta de José Ignacio Goirigolzarri.

Instrucción judicial

El magistrado, competente en el caso de las tarjetas dado que está instruyendo la investigación sobre la venta de las preferentes de Caja Madrid, preguntó al Banco de España si tenía conocimiento del uso de estas tarjetas irregulares y le trasladó los informes de la Fiscalía Anticorrupción y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El Partido Socialista de Madrid se va a personar como acusación en esta causa, según anunció ayer su secretario general, Tomás Gómez. Fuentes del PSOE han confirmado a ABC que hoy mismo se va a comunicar personalmente la apertura de un expediente a los consejeros de Caja Madrid propuestos por los socialistas y que hicieron uso de las tarjetas «B», informa Gabriel Sanz. Se trata de Antonio Romero, Ramón Espinar, Ignacio Varela y José Acosta.