La Asamblea ha levantado ampollas entre algunos asambleístas

El sábado pasado se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Vela, a la que por supuesto no dejaron entrar a nadie ajeno a ella. Por eso, nos pusimos en contacto con algunos asambleístas para que nos contaran como habían visto la asamblea desde su punto de vista. El punto de vista de la Junta directiva lo publicamos el mismo sábado a modo de nota de prensa.

En el Orden del Día figuraban la información sobre los centros que la Federación tiene en Santander y Madrid, la información sobre el estado de cuentas y balance del 2017, la aprobación de la cuota de las licencias federativas y la modificación de los Estatutos. Hasta ahí todo parece normal. Bueno, normal dentro de un orden..., pues en el Orden del día no se incluía la aprobación de las cuentas ni tampoco la de los presupuestos, y resulta sorprendente que la Asamblea General Ordinaria de la Federación, que es la que debe aprobar las cuentas y los presupuestos, no se haya convocado para estos fines.

El motivo es que las cuentas no estaban auditadas y sin ese requisito indispensable, es ridículo presentarlas a la aprobación de la Asamblea, pues serían rechazadas. Haciendo memoria recordamos que a José Ángel Rodríguez Santos, estos mismos directivos que ahora presentan las cuentas sin auditar, le presentaron una moción de censura por presentar las cuentas de 2014 sin la preceptiva auditoria. Moción que acabó con la destitución de Rodríguez Santos y el nombramiento de Casanueva como Presidenta. La misma que ahora presenta unas cuentas sin auditar y lo que fue motivo de sanción para Rodríguez Santos, no lo es ahora para ellos. Sorprendente.

Todo tiene su explicación y lo mollar del asunto se produjo el viernes anterior, durante la reunión de la Comisión Delegada. En esa reunión, Julia Casanueva planteó que la Comisión aprobara las Cuentas y el Presupuesto, a lo que dos miembros de la Delegada se opusieron puesto que este Comisión no tiene atribuciones para aprobar las Cuentas, sino que se debe realizar un informe sobre las misma para su estudio en la Asamblea. Y ante la fuerte oposición de estos miembros, la Presidenta desistió de su pretensión y resolvió no presentar ni las Cuentas ni el Presupuesto a la aprobación por la Asamblea. Parece obvio que Casanueva pretendía que la Comisión Delegada le aprobara las Cuentas para después, y amparándose en esa aprobación, colocarle a la Asamblea la aprobación de las Cuentas, a pesar de no estar en el Orden del Día, no haber sido auditadas y lo mas irregular: la fecha de formulación de la Memoria Económica y Balance de 2017 es del día 31 de marzo de 2018. ¡Quince días después de presentarlas!

Pero todo no acaba aquí. La convocatoria incluía, como ya hemos dicho, la modificación de los Estatutos de la RFEV. Sin más. Así. Pero, sorpresa, el jueves por la tarde, Stela (secretaria de Julia Casanueva), envía un correo electrónico a los miembros de la Asamblea en el que les dice que "por orden de la Presidenta, la modificación de los estatutos consiste en trasladar el domicilio social de la Federación de Madrid a Santander". Y así durante la sesión de la Asamblea General, se propuso el cambio del domicilio social. Como la inclusión de este nuevo punto en el Orden del Día, no se ajusta a derecho, dado que incumple las normas de aplicación, fue impugnado por varios miembros de la Asamblea, aunque fue aprobado por la mayoría.

El escenario que se presenta tras la impugnación es incierto, pues los miembros de la Asamblea que impugnaron el acuerdo de cambiar la sede social han anunciado la presentación del correspondiente recurso, primero ante el CSD y si este no les diera la razón y anulara el cambio de la sede, recurrirán ante los Tribunales. Todo este proceso puede hacer que la aprobación los nuevos Estatutos, con el traslado de la sede de Madrid a Santander, por parte del CSD se retrase lo suficiente como para que no se pueda hacer efectivo el traslado y los gastos que se pueda haber ocasionado, al haber adelantado el traslado administrativo con el despido de personal y contrataciones en Santander, movimientos de enseres y demás gastos, relacionados con el traslado, puedan ser reclamados a la Junta Directiva de la RFEV y a los miembros de la Asamblea que no se hubieran opuesto a la aprobación del cambio de la sede social de la RFEV.

El horizonte de la RFEV se ve empañado por un procedimiento judicial que puede terminar con graves consecuencias económicas para los componentes de la Junta Directiva y los miembros de la Asamblea que votaron una modificación de sede social de la RFEV, sin tener en cuenta que pueden responder con su patrimonio por el quebranto económico que le hayan podido causar a la Federación con sus actos.