El cerco de la Fiscalía a las grandes estrellas

Las revelaciones de Football Leaks no han pillado con el pie cambiado ni a la Agencia Tributaria ni a la Fiscalía. Más bien al contrario: España es sin duda el país europeo que con mayor contundencia ha actuado contra las irregularidades fiscales de las estrellas del fútbol. Messi y Mascherano ya han sido condenados con penas de cárcel y fuertes multas por no tributar como debían por los beneficios obtenidos en la explotación de sus derechos de imagen. Otros jugadores y exjugadores del Barça como Neymar, Eto’o, Adriano o Dani Alves también se encuentran incursos en procedimientos judiciales.Y por si existía alguna sospecha de una caza de brujas solo contra los jugadores azulgranas, ayer la Fiscalía madrileña se encargó de negarla al desvelar que ha denunciado a otros tres futbolistas y está investigando a dos.

Según confirmaron a ABC fuentes jurídicas, los denunciados son los exjugadores del Real Madrid Xabi Alonso, Carvalho y Di María, y los investigados son el actual futbolista blanco Coentrao y al exjugador del Atlético Falcao. De momento, no hay ningún procedimiento abierto contra Cristiano Ronaldo, que ha exhibido un certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones en España.

La prueba más evidente de que ni la administración de Justicia ni la Agencia Tributaria se han movido al compás de las revelaciones de Football Leaks es el caso de Xabi Alonso, que se remonta a hace más de un año, cuando Hacienda denunció ante la Fiscalía que el futbolista donostiarra había percibido sus derechos de imagen en una empresa denominada Karzali, radicada en la misma dirección de la isla portuguesa de Madeira que la empresa Anadyr Overseas, la sociedad en la que Javier Mascherano evadió 1,5 millones de derechos de imagen.

Dos casos gemelos

La relación entre el caso de Xabi Alonso y el de Javier Mascherano parecía evidente, pues ambos coincidieron en el Liverpool y compartieron agente. Sin embargo, mientras el central del Barça ha sido condenado a un año de prisión, la Fiscalía de Madrid no encontró nada contra Xabi Alonso y propuso el archivo del caso. Cuando todo el procedimiento estaba a punto de cerrarse, la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ordenó denunciar al donostiarra. El propio jugador se mostró perplejo en febrero al recibir la denuncia:«Sin mayor explicación al respecto, nos comunicaron que por orden de la Fiscalía General, y a pesar del decreto dictado en su día, habían decidido judicializar el expediente», aseguró Xabi Alonso.

Esta y no otra es la razón por la cual el exmadridista ha decidido tomar la estrategia contraria a la de Mascherano. El argentino reconoció que, «gracias a una trama fraudulenta», no había ingresado «a las arcas públicas cantidad alguna derivada de sus derechos de imagen». Así que reintegró los 1,5 millones no abonados, pagó más de 800.000 euros en multas y aceptó una pena de un año de cárcel que no cumplirá al no tener antecedentes penales. Por su parte, el donostiarra se agarra al criterio primero de la Fiscalía de Madrid y parece dispuesto a pleitear hasta el final. Además, sus abogados consideran, como la mayoría de asesores de fútbolistas, que el artículo 92 de la norma del IRPF no distingue dónde tienen que estar las sociedades en las que tributan los jugadores, y que por lo tanto era perfectamente legal que la empresa fuera de Madeira, donde las sociedades estaban exentas hasta 2011 y a partir de ese año tributaban al 4%, un 21% menos que en España.

Una postura, la de no dar su brazo a torcer, que Xabi Alonso comparte con Ángel Di María, otro de los futbolistas denunciados por la Fiscalía de Madrid. Di María cobró sus derechos de imagen a través de las sociedadesMIM y Polaris, radicadas en Irlanda, las mismas que al parecer utilizaron Mourinho y Cristiano Ronaldo. Así que el argentino piensa que si la Agencia Tributaria no tiene nada contra ambos, tampoco debería tenerlo contra él. Sin embargo, el tercer denunciado, Ricardo Carvalho, se apresuró la semana pasada a venir a Madrid a abonar la cantidad que sus abogados calculan que podría haber defraudado. El objetivo es conseguir una sentencia de conformidad y evitar penas de prisión.

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