La Federación de Hípica tiene 40.000 federados
La Federación de Hípica tiene 40.000 federados - ANA PÉREZ HERRERA
Hípica

Una reclamación millonaria en la Federación de Hípica

La batalla legal de un federado cántabro contra los «galopes» podría derivar en la devolución de esta tasa a todos los jinetes

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La reclamación de un federado cántabro puede poner en peligro la viabilidad de una federación con tanta solera como la de Hípica. El jinete José Sererols ha solicitado que le devuelvan los denominados «galopes», un canon que se cobra a quienes participan en competiciones oficiales. Si la iniciativa de Sererols prosperase, porque el Consejo Superior de Deportes o los tribunales ordinarios le dieran la razón, ello supondría que la Federación tendría que devolver varios millones de euros cobrados a lo largo de los últimos años a miles de practicantes en España.

Sererols asegura estar dispuesto a llegar «hasta el final» en esta batalla pues considera que la Federación no tiene potestad para cobrar «tasas» (así se refiere la Federación a los «galopes» en todos sus documentos), dado que para ello lo tendría que haber regulado por ley y haberse publicado en el BOE. Ninguna de las dos condiciones llegaron a ocurrir. El jinete cántabro se apoya en un dictamen jurídico que advierte que «aprobar y exigir tasas podría suponer la comisión de un delito, previsto en el Código Penal».

Guerra de dictámenes

La Federación, sin embargo, alega que la figura de los «galopes» es «similar a la de los cinturones en deportes de lucha, por ejemplo, y forma parte del proceso de formación y tecnificación deportiva, estableciéndose unas cantidades en contraprestación a los servicios de los técnicos, clubes y federaciones autonómicas y nacional». Y para sostener esta afirmación también ha enviado a ABC un dictamen que concluye que «para el acceso a las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal, además de las licencias federativas correspondientes, las federaciones deportivas pueden establecer otra serie de requisitos específicos adicionales».

Con estos argumentos, la Federación ha rechazado la reclamación de Sererols, que ahora acudirá al Consejo Superior de Deportes, y si no obtiene amparo, está dispuesto a ir a los tribunales de Justicia. Paralelamente, también ha presentado denuncia ante la Agencia Tributaria para que se investigue al presidente de la Española, Javier Revuelta, al secretario general, Venancio García Ovies, y a otros seis técnicos y directivos porque, según Sererols, «pueden estar realizando pagos/cobros desde la Federación de forma poco transparentes» que serían «constitutivos de infracciones tributarias». La Federación ha remitido a este periódico un certificado de estar al corriente con Hacienda. «Es escandaloso que la Federación esté exprimiendo a los federados y se les apoye tan poco -afirma Sererols- y que sin embargo los directivos cobren sueldos superiores a los del presidente del Gobierno». Según los datos que aporta, algunos de estos salarios rondan los 80.000 euros anuales y, en total, se elevaron en 2016 hasta los 544.000 euros. También destacan los 1,5 millones en el capítulo de «servicios exteriores» y los 4,1 millones en el capítulo de «otros gastos de gestión corriente».

La Federación asegura que sus cuentas están auditadas y aprobadas por la Asamblea, y que las percepciones de sus directivos están «en la línea de lo que otras federaciones, tanto de otros deportes como de otros países, abonan por la contratación de estos servicios».

Voces críticas

En cualquier caso, la de Sererols no es la única voz crítica con la actual Junta Directiva que preside Javier Revuelta. El pasado verano, tres jinetes de alto nivel de la doma clásica como Beatriz Ferrer-Salat, José Antonio García Mena y Daniel Martín Docks expresaron su malestar con la Federación por «la manera de planificar y dirigir la disciplina». Y el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Angloárabes (Aeccaá), el sevillano Antonio Campos Peña, denuncia la «pésima gestión» de la Federación: «Por su culpa solo hay 40.000 federados en España, frente a los 900.000 que hay en Francia o Alemania».