Las 85 obras de Miró del Estado portugués se quedan en Oporto

La polémica colección de 85 obras de Joan Miró propiedad del Estado portugués se queda de forma definitiva en el país vecino. La segunda ciudad, Oporto, se ha hecho fuerte ante Lisboa y ha hecho valer la solvencia de su buque insignia artístico, la Fundación Serralves, donde despuntaron Vicente Todolí y el actual subdirector del Museo Reina Sofía, Joao Fernandes.

Las piezas se iban a exhibir de manera temporal desde este viernes 30 de septiembre hasta el 28 de enero de 2017, pero las gestiones realizadas por Rui Moreira, alcalde de la denominada «Invicta» (así llamada porque Napoleón no pudo conquistarla), han demostrado que es la mejor candidatura.

Ejerce como comisario de la muestra «Joan Miró: Materialidad y metamorfosis» Robert Lubar Messeri, un destacado experto estadounidense en el legado del artista barcelonés, mientras que el proyecto expositivo corresponde a Álvaro Siza, la gloria arquitectónica local, con numerosas huellas en la zona, incluida la propia Fundación Serralves.

Intenciones del Estado

Los avatares de la colección representan un verdadero laberinto en la historia cultural portuguesa. Pertenecía al Banco Portugués de Negocios (BPN), que acabó nacionalizado en 2008 tras caer presa del colapso financiero. El Estado pretendía hacer caja y vender los cuadros en la casa de subastas Christie’s de Londres el año pasado, pero no tardó en montarse una gran controversia. ¿Cómo era posible que Portugal se desprendiese de semejantes joyas?

Al final, el caso terminó en los tribunales, que prohibieron la salida de las obras del país. El bochorno público que provocó la predisposición del Gobierno conservador de Passos Coelho a colocar los mirós en el mercado contrasta con el cambio de actitud del Ejecutivo actual, liderado por el primer ministro socialista António Costa, pero lo cierto es que nada habría sido igual si la Justicia no toma cartas en el asunto.

El despropósito de aquella venta precipitada se incrementaba más todavía si tenemos en cuenta que la intención era recaudar a cualquier precio, incluso aunque fuese una cantidad mucho menor de la valoración real, cifrada en más de 80 millones de euros.

Inicialmente, Portugal se conformaba con 34 millones en 2013, pero fue ahí donde comenzaron a fraguarse las protestas, que por fin desembocan en una operación calificada como «muy importante» por Costa. Además, puede interpretarse como un gesto de Lisboa hacia Oporto, habitual feudo de quejas por el centralismo imperante al otro lado de la frontera.