El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo
El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo - EP

La oposición podrá modificar el decreto del Gobierno sobre Propiedad Intelectual

El Congreso aprueba la convalidación del texto aprobado por el Ejecutivo pero aprueba su tramitación urgente como proyecto de ley para incluir enmiendas

MadridActualizado:

PSOE, Podemos y Ciudadanos han unido fuerzas esta mañana en el Pleno del Congreso para tramitar el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno sobre Propiedad Intelectual como proyecto de ley por la vía de urgencia, lo que obliga a someter el texto al trámite de enmiendas e introducir cambios en el mismo.

El decreto, que entró en vigor el mes pasado, ha sido convalidado por el Pleno con el voto a favor de PP, y la abstención de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, considerando que la regulación de esta meteria es necesaria y para evitar sanciones de Bruselas por importe de 123.000 euros diarios.

No obstante, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha tenido que encajar críticas generalizadas respecto a que se trata de un texto que debería haber llegado a la Cámara Baja hace dos años, en cumplimiento de la normativa comunitaria. La idea de que esta nueva regulación llega «tarde» pero con una redacción «precipitada» ha sido una constante durante todo el debate, y a ella se ha añadido la preocupación mostrada por el PSOE respecto a los nuevos controles de las entidades de gestión de derechos.

Ciudadanos ha reclamado una vigilancia real de este sector y Unidos Podemos ha exigido su conversión en «un sistema de garantías sociales». El nuevo texto prevé aumentar los controles sobre las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual que estarán sometidas a la supervisión de las Administraciones Públicas.

También regula la figura del operador de gestión independiente, así como del derecho de revocación, total o parcial, del contrato de gestión de derechos. Y permite que las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual extranjeras puedan operar en España stablecimiento en España, aunque los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria seguirán siendo administrados por las entidades de gestión españolas.