Más 40 centros de investigación se unen para proteger la Ciencia de los ataques de Hacienda
Piden en el Congreso que elimine el IVA y la I+D+i se considere como la cultura, una actividad de interés general
Más de 40 centros y unidades científicas se han unido en España para reclamar el fin del acoso a la Ciencia española. No piden -solo- más financiación, sino un cambio fiscal y administrativo que tenga en cuenta las peculiaridades de la actividad científica. «Si no se eliminan las trabas administrativas, España perderá competitividad internacional », advierte Luis Serrano, presidente de esta alianza que incorpora a los Centros Severo Ochoa y a las Unidades María de Maeztu (SoMMa). Todas estas instituciones, la elite de la investigación española, agrupan a unos 7.000 trabajadores.
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Serrano se entrevistó el martes con representantes en el Congreso de los Diputados de la Comisión de Ciencia e Innovación a los que trasladó la necesidad de «reformas urgentes».
«La puntilla»
Una de las cosas que más preocupa a las instituciones científicas es que la investigación sea considerada una actividad económica, como ya ocurre con las actividades culturales. No es un capricho. Este cambio permitiría que los centros puedan desgravarse el IVA de las subvenciones estatales y del equipamiento que adquieren. Ahora la posibilidad de desgravarse depende de la interpretación de la normativa que haga cada inspector de Hacienda. Esa interpretación ha llevado a reclamar más de 20 millones a los centros de investigación de Cataluña. «Si nos reclaman el IVA a todos los centros podría ser la puntilla definitiva contra la ciencia española», aseguró Serrano, que también es director del CRG, un centro de investigación de Barcelona.
La alianza también reclama excepciones en la contratación laboral de sus investigadores , sujetos a proyectos temporales. Proponen la creación de un contrato indefinido no fijo que dé a los empleados mayor seguridad laboral , pero con la flexibilidad suficiente para rescindir el contrato cuando la investigación haya concluido. Esa flexibilidad debería llegar asimismo a la contratación de personal para gestionar proyectos europeos, cada vez más frecuentes en estas instituciones por su alto nivel científico.
«No podremos gastarnos ni lo que tenemos»
Los investigadores también prevén la llegada de una marea de papeleo que puede ahogarles en burocracia con la nueva ley de contratación pública . Esta normativa, que acaba de entrar en vigor, obliga a abrir un concurso para cualquier compra de material de más de 15.000 euros, antes era de 18.000 para la administración pública y de 50.000 para fundaciones. «Nuestros materiales son muy costosos y no podemos estar haciendo continuamente concursos públicos. Con el personal que tenemos es inmanejable; no vamos a poder gastarnos ni el presupuesto que tenemos», se queja Luis Serrano. Otros países, como Alemania o Israel, han optado por cambir estos límites a los centros científicos.
A los representantes del Congreso se les trasladaron otras peticiones clásicas, como es la presencia de una comisión científica independiente que asesore en la elaboración de leyes o incluso al Gobierno.
