Vecinos de las Mogarizas plantean nuevas demandas

«Decepcionados», así dicen sentirse los 700 vecinos integrados en la Unidad de Ejecución 1 Carretera de la Barrosa, que comprende las urbanizaciones Las Rapaces, Las Mogarizas y Las Galindas. Una valoración que realizan vía comunicado después de una reunión celebrada con el Ayuntamiento el pasado viernes.

La cita, solicitada desde el pasado mes de agosto, estaba motivada, tal y como explica el abogado y portavoz de parte de los vecinos afectados, Jesús Vila, porque «a finales de mayo el Juzgado Contencioso Administrativo número 2, estimó una primera demanda interpuesta por propietarios en la Unidad de Ejecución, y acordó la anulación de la cuenta de liquidación definitiva».

A raíz de esta sentencia, de orden público y aplicable al resto de vecinos, los afectados pidieron una reunión con el alcalde Ernesto Marín.

Sin embargo, como explica el propia Vila, «no llegó a comparecer a la reunión, a pesar de que se aplazó por Alcaldía, por motivos de agenda, una reunión fijada ya con fecha anterior, la cual se pospuso precisamente para que pudiera asistir Ernesto Marín».

Fue Andrés Núñez, primer teniente de alcalde, el que atendió a los vecinos y les aclaró varios términos que ellos valoraron posteriormente como «decepcionantes». Según Vila, «preguntado por la fecha en que se procedería a devolver las cuotas urbanísticas indebidamente cobradas y anuladas judicialmente con carácter firme, Núñez nos comunicó que no tenían intención de devolver las mismas, y retó a los representantes de la Unidad de Ejecución a obligarles a ello instando nuevas actuaciones judiciales de ejecución de dicho pronunciamiento judicial firme».

Frente a ello, los afectados dicen que se le aclaró que «su obligación en el Ayuntamiento no era la de entorpecer y dilatar dicha devolución inevitable de las cuotas abonadas, sino facilitar el cumplimiento del pronunciamiento judicial, y que, de no rectificar, se llevarían a cabo por los propietarios afectados de la unidad de ejecución protestas ante el Consistorio en los próximos meses». Como medidas contra esta actitud, Vila anunció igualmente que «se estaba estudiando el ejercicio de acciones penales frente a los cargos del Ayuntamiento responsables de llevar a efecto dicho pronunciamiento firme y acordar la devolución de las cuotas indebidamente cobradas, de incumplir dicha obligación».

En su comunicado, el abogado y portavoz valoró «el perjuicio evidente que se estaría causando a todas las familias afectadas, algunas de las cuales incluso tuvieron en su día que hipotecar, pedir préstamos o malvender su casa para hacer frente a los requerimientos del Ayuntamiento bajo amenaza de embargo de sus cuentas corrientes y propiedades». Igualmente, hubo «familias que finalmente no pudieron abonar la cuota urbanística y siguen siendo objeto de requerimientos administrativos de apremio y embargo». Todo ello, a juicio de Vila «constituiría una actuación administrativa manifiestamente ilegal, una vez anulada con carácter firme la cuenta de liquidación definitiva».