Dos años de cárcel para Pilar Sánchez

El Ayuntamiento de Jerez ya cuenta con dos de sus últimos tres alcaldes como condenados por distintos delitos asociados a su gestión al frente del Gobierno municipal de la mayor ciudad de la provincia.

Pilar Sánchez fue condenada ayer a dos años de prisión, nueve años de inhabilitación y el pago de 8,6 millones de euros de multa por prevaricación continuada a resultas del llamado 'caso desvío de fondos'.

Esta causa parte de una acusación de la Fiscalía Anticorrupción por emplear dinero de planes de fomento de empleo, como el Plan E, para pagar las nóminas municipales que el Ayuntamiento no podía satisfacer. Según quedó acreditado en la vista, ordenó siete transferencias entre el 6 de septiembre de 2010 y el 16 de mayo de 2011. La acusación, que incluía a la Abogacía del Estado, solicitaba tres años de cárcel que, finalmente, han quedado reducidos en uno. La defensa de la socialista solicitaba la libre absolución.

El Ministerio Público sostuvo durante el juicio, celebrado el pasado mes de junio, que ese desvío de 9,7 millones de euros desde transferencias recibidas para crear puestos de trabajo hasta los sueldos de los trabajadores municipales «fue una decisión injusta arbitraria, para su propio interés. Quería callar las bocas de miles de personas». El fiscal anticorrupción recordó en el juicio que las últimas transferencias se realizaron «a sólo seis días de una convocatoria electoral municipal» por lo que subrayó la intención electoralista, política y particular de las decisiones de la anterior regidora socialista.

Como máximo ejemplo de esta teoría, la acusación demostró que una transferencia, vía Banco de España, se ejecutó el 6 de mayo de 2011, «viernes en el que comenzaba la campaña electoral, y víspera del alumbrado de la Feria, con una protesta ciudadana y sindical convocada para la noche siguiente y, en definitiva, con una imagen que se quería evitar a toda costa».

Al margen de recursos y alegaciones, Pilar Sánchez no tendría que ingresar en prisión por esta condena debido a que no supera el tiempo que convierte el encarcelamiento en obligatorio. Sólo supondría un riesgo de cárcel para la exalcaldesa socialista en el caso de que se sumara a otras hipotéticas condenas por distintas causas contra ella.

Horas después de conocerse la sentencia, la exalcaldesa de Jerez solicitó formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE jerezano, con carácter estrictamente voluntario, al objeto de «no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial».