Teodoro Montes, ayer a la entrada a los juzgados sevillanos. :: EFE
ANDALUCÍA

El funcionario niega ahora que la CEA cobrara mordidas por cursos de formación

Teodoro Montes acusa a una veintena de jefes suyos, entre ellos dos directores generales, de impedirle el ejercicio de sus competencias

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Teodoro Montes, jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, negó ayer a la jueza Mercedes Alaya que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cobrara comisiones o 'mordidas' por la subcontrata de cursos de formación previamente adjudicados a la organización empresarial por la Junta de Andalucía. Montes hizo esta grave acusación este martes, cuando dijo a la magistrada sin aportar ninguna prueba que tanto la CEA como los sindicatos CC OO y UGT cobraban comisiones ilegales de hasta el 20% de la subvención por subcontratar los cursos.

Montes dijo conocer esta circunstancia por habérselo oído decir a algunos empresarios. Tanto la CEA como los sindicatos negaron la acusación y en el caso de la patronal andaluza esta anunció medidas legales contra el funcionario.

Han bastado 24 horas para que Montes, quien declaró como testigo ante Alaya por tercer día sobre el presunto fraude en los cursos de formación, cambie su versión y dé marcha atrás. Según fuentes del caso fue rotundo al afirmar que no tiene «constancia» de las comisiones ilegales por parte de la patronal. «En la CEA no hay», manifestó a la magistrada. Respecto a UGT y CC OO también «aflojó» las acusaciones, aunque no fue tan rotundo.

La normativa de 2009 de la formación ocupacional permite hasta un 20% de comisión para gastos estructurales por la realización de cursos, aunque deben ser justificados. Montes no se refirió a esta posibilidad cuando vertió las graves acusaciones el martes y ayer tampoco. El funcionario no explicó en ningún momento a qué se debe su cambio en la declaración.

Principal testigo de la macrocausa que Alaya instruye sobre los cursos de formación gestionados por la Junta en la última década, desligó este presunto fraude con el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que también lleva la magistrada. Alaya le preguntó de manera fehaciente sobre este asunto, ya que en la declaración ante la Guardia Civil sí había dado a entender una relación, y la respuesta fue un «no» claro.

Pero el funcionario sí disparó contra los altos cargos y responsables políticos de los que depende la formación para el empleo. Montes insistió y abundó en dar nombres de una veintena de superiores jerárquicos que, según su versión, les «impedía el ejercicio de sus competencias», es decir, el control y supervisión de los cursos de formación. Nombró desde su jefe de servicio, Daniel Fito García, a los delegados en Sevilla de Empleo Antonio Rivas y la actual, Aurora Cosano, hasta los directores generales de Formación para el Empleo Carlos Cañavete y su antecesora Teresa Florido. Esta es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado por Alaya y un juez gaditano en el caso de los cursos de formación.

En el Virgen del Rocío

Montes sorprendió el martes al desvelar a la jueza que suspendió un curso para discapacitados de la fundación de la Junta Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental) porque, según contó, se impartía en condiciones infrahumanas y de maltrato físico. Dijo que los alumnos, enfermos mentales, eran anestesiados con medicación para que no protestaron por las altas temperaturas de más de 55 grados en las que se daban las clases. La Fundación ha anunciado una posible querella.

El funcionario agregó ayer otra denuncia, en esta ocasión en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dijo que en un curso en este centro con 40 horas programadas de prácticas, los alumnos se quedaron el doble, 80 horas. Lo puso como ejemplo del abuso de las empresas para tener a los alumnos como mano de obra barata.