La juez denuncia la «absoluta falta de voluntad» de Pujol para aclarar su fortuna

La juez barcelonesa Zita Hernández seguirá adelante con su investigación para aclarar el origen de la fortuna del clan Pujol en el extranjero a pesar de las innumerables maniobras procesales de la familia del expresidente catalán y sus abogados por frenar las pesquisas internacionales de la magistrada.

La titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona cree imprescindible mantener intactas las comisiones rogatorias remitidas a Andorra y Suiza por la «falta absoluta de toda voluntad de Jordi Pujol y Marta Ferrusola de cooperar con esta instrucción» y de aportar un solo dato que arroje algo de luz sobre el dinero oculto por el clan durante 34 años. O un solo documento que confirme la versión de que todo ese patrimonio no declarado procede de la herencia de Florenci Pujol i Brugat, padre del exmandatario de CiU.

Hernández rechaza así el recurso que la defensa de los Pujol presentó contra su decisión de cursar varias comisiones rogatorias el 8 y el 14 de agosto a las autoridades del principado y del país helvético para averiguar de dónde proceden los tres millones de euros que varios miembros de la familia (Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia Pujol) regularizaron el pasado julio tras salir a la luz pública sus movimientos de capitales en Andorra.

Básicamente, la magistrada insiste en que no se cree la versión de la herencia y recuerda que el dinero que los cuatro miembros del clan intentaron aflorar es una «cantidad desorbitada», de la cual «se desconoce su origen» y que podría «no derivar de fuentes lícitas de renta».

Una sospecha -explica- que crece por la insistencia de Pujol, su mujer y sus hijos en no dar explicaciones. La juez recuerda que los implicados podrían «aclarar con toda facilidad el origen lícito de tales fondos», pero hasta ahora «no sólo no lo han hecho, sino que por parte de Jordi Pujol ni siquiera se ha cumplimentado el único requerimiento que se le ha dirigido, el correspondiente a aportar copia del testamento librado» por su padre.

En ese sentido, lamenta que las únicas explicaciones que ha dado el expresidente hayan sido la carta pública del 25 de julio en la que reconocía tener una fortuna fuera de las fronteras españolas y su comparecencia ante el Parlamento catalán el pasado 26 de septiembre. Y en ambas ocasiones -afirma Fernández- «se ha limitado a manifestar de forma reiterada que el origen de los fondos regularizados por su familia era la herencia de Florenci Pujol, sin aportar ningún dato concreto y acreditado de la cantidad heredera, de las cuentas bancarias en las que se pudo ingresar tal herencia ni de los movimientos que se pudieron hacer a lo largo de los años hasta su supuesta regularización», el pasado julio. Tampoco ha detallado Pujol, en opinión de la magistrada, ningún dato sobre «las transferencias realizadas a cuentas bancarias en entidades extranjeras».

Una «falta absoluta de cooperación» que a su entender hace necesario que se «deba intentar acceder a esa documentación e información mediante varias diligencias, entre ellas la práctica de las comisiones rogatorias». Para la instructora, la negativa del clan a ayudar en la investigación hace cada vez más «imprescindible» que sean las autoridades suizas y andorranas las que arrojen algo de luz sobre el verdadero origen del patrimonio opaco al fisco español de la familia Pujol y de su envergadura real, al margen de los tres millones regularizados.

«Delitos graves»

En el mismo auto, la juez rechaza la petición de los abogados del matrimonio Pujol-Ferrusola de apartar de esta causa a Manos Limpias, admitida como acusación popular en estas diligencias previas. El expresidente catalán y su mujer habían denunciado que la querella del sindicato tenía como único objetivo «iniciar una causa general» contra el matrimonio.

Pero la realidad, para Zita Hernández, es bien diferente. Considera que los hechos relatados por Manos Limpias «presentan caracteres de diversos delitos graves» y que, en esta fase inicial de la instrucción no puede inadmitir la denuncia.